La juez María Tardón ha abierto causa penal por el asalto a Ceuta de los días 30 y 31 de julio. Descarta que la entrada masiva fuese «espontánea», sostiene que buscaba alterar la vida de los españoles y deja vía procesal para que ministros declaren como testigos.
El asalto a Ceuta no fue un episodio espontáneo
El auto del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional aprecia indicios de un delito que compromete la paz o la independencia del Estado, otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros —en conexión con los 83 cadáveres recuperados en aguas españolas— y organización criminal. Tardón asume el informe del Cenif de la Policía Nacional: hubo «clara e indudable gestión favorecedora» desde Marruecos, con agentes uniformados y de paisano que guiaron el cruce en lugar de contenerlo. Distingue tres oleadas y enmarca los hechos en la guerra híbrida o «zona gris». El escrito recuerda que el propio Pedro Sánchez, el 31 de julio en Ceuta, habló de «un ataque, una violación de la integridad territorial de España». Esa tesis choca con el relato de Moncloa, que exonera a Rabat. El precedente policial sobre una presunta estructura de varios niveles en la frontera ya se había documentado en Nuestra España.
Pieza secreta y posible testimonio de ministros
Tardón incoa una pieza separada secreta para diligencias reservadas. Juristas citados por The Objective interpretan que esa fórmula busca evitar injerencias de altos dirigentes «con capacidad para hacer desaparecer documentos clave» y facilita citar a ministros, que podrían declarar por escrito al amparo del artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La instructora también quiere examinar las alertas previas en territorio español: el Cenif emitió aviso el 29 de julio y el informe policial habla de hasta nueve advertencias a Interior. El Tribunal Supremo ya ha reclamado el expediente a Presidencia. El choque de versiones entre Interior y Defensa sobre esos avisos quedó reflejado en la cobertura de Nuestra España sobre la desclasificación de informes.
Puente ataca a la jueza y Tardón recorta acusaciones
El ministro Óscar Puente cuestionó en Hora 25 la imparcialidad de Tardón: «Ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad» y su actuación «denota un cierto principio de desconfianza». Niega evidencias de que el Gobierno marroquí organizara la operación y carga contra el «famoso informe policial». En paralelo, la magistrada inadmitió a Se Acabó la Fiesta como acusación popular por «instrumentalización política» y dio cinco días a las siete acusaciones aceptadas para unificar representación. Mientras el Ejecutivo niega la hipótesis acreditada, la instrucción avanza sobre un episodio que dejó a Ceuta sin capacidad de respuesta, en línea con el aislamiento migratorio que ya se denunció cuando la UE endureció su modelo y España votó en contra.
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