El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de García-Castellón interpuesta por el magistrado jubilado Manuel García-Castellón contra el dirigente y candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, Pablo Fernández. La acción civil reclama 100.000 euros por presunta lesión del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.
El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid, titularidad de Fátima María Durán Hinchado, ha dado curso a la demanda de García-Castellón presentada por el exmagistrado de la Audiencia Nacional contra Pablo Fernández. Según la demanda, a la que tuvo acceso La Razón, el dirigente de Podemos habría lesionado su derecho al honor mediante manifestaciones públicas en las que le habría atribuido ser «mentiroso, mafioso, corrupto y prevaricador, entre otros comentarios negativos». La reclamación asciende a 100.000 euros por el «daño moral generado», «dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma» en programas de televisión y redes sociales.
El Juzgado de Madrid tramita la demanda de García-Castellón por daño moral
El decreto firmado por la Letrada de la Administración de Justicia da traslado de la demanda y la documentación a Fernández, emplazándole para que conteste en el plazo de 20 días hábiles, con apercibimiento de rebeldía procesal si no comparece. El procedimiento tendrá tramitación preferente y contará con la participación del Ministerio Fiscal. El juzgado ha apreciado que la demanda reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales, y que posee jurisdicción y competencia objetiva.
Manifestaciones públicas difundidas en medios y redes sociales
La demanda sitúa el inicio de una «campaña de odio y desprestigio» tras la jubilación forzosa de García-Castellón en septiembre de 2024, al cumplir los 72 años. Según la representación letrada del demandante, Fernández habría continuado las acusaciones iniciadas por su compañera de partido, presentándole ante la opinión pública como un juez que habría dedicado su carrera a «actos tales como corrupción, prevaricación y politización de la función judicial». Estas aseveraciones se habrían difundido en medios de comunicación, redes sociales (principalmente X) y entrevistas, con un alcance que la demanda califica de desproporcionado, aprovechando su condición de portavoz y figura pública. El dirigente cuenta con casi 150.000 seguidores y sus publicaciones generan miles de interacciones.
Precedente de Belarra y ausencia de procedimientos contra el exjuez
La demanda recuerda que en junio pasado Ione Belarra fue condenada a pagar 9.000 euros por manifestaciones similares en las que habló de «jueces corruptos» que se irían «de rositas» pese a haber «prevaricado». La parte demandante subraya que «no existe ni una sola sentencia judicial o procedimiento abierto» en el que se haya condenado o imputado a García-Castellón por prevaricación o corrupción. El exjuez considera que los comentarios han llevado a que «una infinidad de personas lleguen a creer –sin fundamentación alguna– que ha sido un juez corrupto y prevaricador».
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