La instrucción polémica de Sofía Puente
La Instrucción de 25 de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente y directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, establece presuntamente que certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos u otras entidades pueden servir para acreditar la condición de exiliado de ascendientes.
Según el texto, se presume esta condición para españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Para periodos posteriores hasta la Constitución, basta con documentación que incluya aportes de formaciones como el PSOE. Esta ampliación, según críticos, rebaja los requisitos originales de la Ley de Memoria Democrática, destinados a casos de persecución política real.
“La instrucción no interpreta la ley; la reescribe”, sostienen desde Hazte Oír en su querella contra Puente.
Esta interpretación administrativa ha sido calificada como un fraude de ley que priorizaría la ideología sobre el rigor jurídico.
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Impacto en el censo electoral
Los datos del Ministerio de Exteriores revelan el alcance: más de 2,4 millones de solicitudes, con 545.000 expedientes aprobados y 310.000 inscritos ya en el Registro Civil Consular. Se estima que en un año podrían sumarse hasta 600.000 nuevos votantes al censo CERA.
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Esta operación masiva cuestiona la integridad del proceso democrático, al incorporar potenciales electores cuya vinculación con España se basa en certificados partidistas en lugar de pruebas fehacientes de exilio por motivos políticos. Organizaciones como Hazte Oír denuncian una planificación previa para alterar el mapa electoral en beneficio del bloque de izquierdas.
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Consecuencias para la soberanía nacional
La Ley de Nietos, enmarcada en la Ley de Memoria Democrática, se presenta como reparación pero opera como herramienta de ingeniería demográfica. Al aceptar documentos de partidos y sindicatos, se abre la puerta a interpretaciones subjetivas que debilitan los criterios de nacionalidad basados en lazos reales y contribuciones a España.
Esto contrasta con políticas más restrictivas en otros países europeos y evidencia un sesgo ideológico del Gobierno, que prioriza la expansión del voto exterior sobre la preservación de la identidad nacional. Se trataría así de un coladero que ignora el principio de que la ciudadanía implica responsabilidades y no solo derechos otorgados por decreto.
Esta instrucción y su aplicación representan un ataque a las bases del Estado de Derecho, donde certificados emitidos por el propio PSOE pueden decidir quién es “exiliado” y, por ende, español.
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