El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impulsado medidas que facilitan la adquisición de la nacionalidad española a gran escala, combinando la llamada Ley de Nietos con reformas en materia de extranjería. Esta estrategia no solo multiplica el número de nuevos ciudadanos, sino que también genera graves alertas sobre seguridad, sostenibilidad del sistema de pensiones y el futuro del voto en España.
La Ley de Nietos: más de 2,5 millones de nuevas nacionalidades en camino
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, ha registrado 2.560.193 solicitudes de nacionalidad. Hasta la fecha se han resuelto 538.329 expedientes, con 531.297 concesiones (un 98 % de aprobados). Expertos estiman que el total de nuevos españoles superará ampliamente los 2,5 millones una vez concluya la tramitación pendiente. La mayoría procede de países iberoamericanos, especialmente Argentina, Cuba, México y Chile.
“Esta operación modifica de forma estructural el Censo Electoral de Residentes Ausentes”, advierten fuentes consultadas. Con el CERA en 2,28 millones en 2023, la incorporación masiva de nuevos votantes podría inclinar el resultado de futuras elecciones generales, algo que desde posiciones patrióticas se denuncia como un cálculo electoralista del PSOE.
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El aluvión de mayores de 65 años y la bomba de relojería en las pensiones
Paralelamente, desde la reforma del reglamento de extranjería de 2022, las autorizaciones de residencia por arraigo familiar para extranjeros mayores de 65 años han explotado: un crecimiento del 3.480 % en solo tres ejercicios, superando las 42.000 personas en diciembre de 2025. Estos nuevos residentes acceden directamente a prestaciones sociales sin haber cotizado lo suficiente al sistema.
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“Los pagos a las pensiones van a aumentar drásticamente con todos los mayores que entran ahora”, señalan analistas. Mientras las arcas públicas ya soportan un déficit estructural, el Gobierno prioriza la llegada de dependientes sobre la protección de los pensionistas españoles. Esta política, lejos de reparar injusticias históricas, carga sobre las generaciones actuales y futuras el coste de una inmigración descontrolada. ¿Habrá pensiones para todos? Claramente estamos ante un peligro extremo de colapso.
Caos en Correos y temor real a la inseguridad
Las oficinas de Correos se han convertido en el punto caliente de la regularización extraordinaria de inmigrantes, que se desarrolla entre el 16 de abril y el 30 de junio. Casi 400 agencias de las 2.400 totales gestionan un volumen masivo de trámites sin que la empresa pública haya contratado personal de seguridad adicional. Los empleados alertan de colas interminables, tensiones y un escenario que describen como “polvorín”.
El temor se centra especialmente en usuarios procedentes del Magreb, calificados por responsables de oficinas como “el cliente más agresivo” que genera más incidentes. “Una cosa es no ser racista y otra negar la realidad”, afirman fuentes internas. La dirección solo ofrece horas extra, mientras los trabajadores temen agresiones y que los españoles vean mermada su atención habitual.
