Horas después de fijar las generales para el 29 de noviembre, Pedro Sánchez conserva una vía para intentar recuperar el decreto antidesahucios que el Congreso derogó el viernes. Con las Cortes disueltas, la convalidación ya no pasaría por el Pleno de 350 diputados, sino por la Diputación Permanente, un órgano de 69 miembros y aritmética más cómoda para el Ejecutivo. El diseño, descrito como hipotético, depende de un PNV que no ha confirmado su voto.
El decreto antidesahucios, lejos del Pleno que lo derogó
El viernes, el PP, Junts y el resto de la oposición derribaron los dos reales decretos de vivienda. El primero, el del llamado escudo social, cayó por 178 votos frente a 172. OKDiario sostiene que el Gobierno podría aprobar de nuevo el decreto antidesahucios, u otro muy parecido, en Consejo de Ministros. La convocatoria no deja al Ejecutivo en funciones: esa situación solo llega después de los comicios. Hasta entonces mantiene la plenitud de atribuciones y podría dictar la norma antes de disolver o una vez anunciada la disolución. El atajo no borra la derrota; la aparta del hemiciclo que ya dijo no.
Treinta y cinco votos y un PNV imprescindible
La Diputación Permanente exige 35 sufragios para la mayoría absoluta. El PSOE suma 25 y Sumar, 6, de modo que faltarían cuatro: EH Bildu, ERC, Podemos y el PNV, los mismos que sostuvieron el primer texto. En ese supuesto, el voto de Junts dejaría de decidir. El segundo decreto, el de la renovación automática de alquileres, volvería a caer si los nacionalistas vascos repiten su rechazo. El propio planteamiento del Gobierno admite que aquel texto decayó por esa oposición. Si falla uno solo de esos cuatro apoyos, la norma decae otra vez. El PP, que lleva años denunciando el gobierno por decreto, tampoco ha impedido que la Constitución deje esta puerta abierta.
Una fórmula jurídica aún sin consentimiento
Según adelantó El Independiente, y recoge OKDiario, en La Moncloa se estudia «una solución hipotética» para recuperar «el máximo posible» del primer decreto, el «escudo antidesahucios». El Gobierno afirma que aquel texto estaba pactado con el PNV, Coalición Canaria y Junts y que tenía opciones de salir adelante. Los nacionalistas vascos no se han pronunciado sobre una operación que uniría el adelanto electoral a una norma de calado con las Cámaras ya disueltas. El atajo figura en el reglamento; el consentimiento, no.
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