El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, habría adjudicado en 2025 la auditoría de Hitachi Rail para presuntamente revisar los sistemas de señalización de su propia tecnología, los mismos vinculados a los accidentes de Urda y Adamuz.
Adif alegó falta de personal especializado
El Ministerio de Transportes, bajo Óscar Puente, habría encargado en 2025 a Hitachi Rail, que heredó el negocio ferroviario de Thales, la revisión de los sistemas de señalización que su propia tecnología sustentaba. Los equipos LZB y TTC estuvieron presuntamente relacionados con los siniestros de Urda y Adamuz. Adif habría justificado la externalización de estos trabajos por la falta de personal especializado, según recogería el expediente. El contrato, presuntamente con vigencia hasta 2028, abarcaría las instalaciones de seguridad de tecnología Hitachi en toda la Red Ferroviaria de Interés General: sistemas de protección de trenes, enclavamientos, bloqueos, señales, agujas y centros de control de tráfico. «Adif no dispone de los medios humanos para asumir esta actividad [...] puesto que se trata de personal experto en la tecnología cuyo conocimiento forma parte del fabricante», se indicaría en la documentación. Así lo publica esdiario, que lo presenta como un caso en el que la empresa que fabrica, instala y mantiene los dispositivos debía revisar también su propio funcionamiento.
Alcance de la auditoría de Hitachi Rail en toda la red
La adjudicación contemplaba presuntamente la revisión de todos los sistemas de seguridad de esta tecnología, el diseño de modificaciones, la ingeniería de detalle, la instalación y configuración de equipos y las pruebas para su puesta en servicio, además de la documentación de seguridad correspondiente. El propio Adif reconocía que le corresponde garantizar el mantenimiento y la explotación de las líneas, pero alegaba que carecía de medios humanos para determinadas intervenciones técnicas y que el conocimiento especializado de estos equipos estaba en manos de sus fabricantes. Hitachi habría heredado la tecnología y el negocio ferroviario de Thales, que presuntamente participó en la renovación de la señalización de la línea Madrid-Sevilla. Esos trabajos habrían abarcado los dispositivos LZB, ERTMS, DCO y TTC, con contratos de 94 millones de euros en 2021 y de otros 28 millones en 2022.
Incidencias recurrentes
Los fallos posteriores han puesto el foco sobre esos equipos. En Urda, el accidente estaría relacionado con un problema en el sistema LZB. En Adamuz, el sistema TTC no habría detectado la rotura de la vía previa al siniestro. El LZB acumularía 435 incidencias con repercusión en el tráfico en la línea Madrid-Sevilla desde los contratos de renovación; solo en 2026 habría registrado 170 fallos, de los que 64 afectaron a la circulación. En la línea Madrid-Barcelona, el ERTMS habría superado las 1.176 incidencias con impacto en el tráfico. Con estos datos, España ocupa el quinto puesto europeo por acumulación de fallos en estos sistemas, por detrás de República Checa, Polonia, Suiza e Italia. El asunto se suma a otras cuestiones sobre la gestión ferroviaria, como las diez recomendaciones de la CIAF de 2024 que Transportes dejó sin ejecutar.
El seguimiento contractual y las multas previas por cártel
Aún así, es función del contratante hacer un seguimiento efectivo del contrato y de las obligaciones de mantenimiento y seguridad. Además, las tres empresas que licitaron el contrato de renovación de los sistemas de señalización del tramo de la línea Madrid-Sevilla (expediente de Adif relacionado con la sustitución del LZB) —Siemens Rail Automation, Thales España GRP y CAF Signalling— fueron multadas por la CNMC por su participación en un cártel. Así lo recogió The Objective.
Recibe la verdad en tu correo, sin filtros.
Únete a más de 5,000 lectores que ya reciben nuestras investigaciones y análisis diarios directamente en su bandeja de entrada.
Las tres licitadoras —incluida Thales, que se adjudicó finalmente el contrato por 77,5 millones de euros sin IVA— aparecen señaladas en la resolución que la CNMC aprobó el 29 de septiembre de 2021, en el expediente S/DC/0614/17, denominado Seguridad y comunicaciones ferroviarias. El organismo acreditó la existencia de un cártel que habría manipulado y presuntamente repartió al menos 82 licitaciones públicas entre 2002 y 2017, convocadas por el Ministerio de Fomento, el antiguo Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y Adif. El importe conjunto de los contratos afectados ascendió a 4.142 millones de euros. Thales España GRP fue sancionada con 17 millones de euros, Siemens Rail Automation con una multa inicial de 18,9 millones (reducida a 9,45 millones por clemencia) y CAF Signalling con 1,73 millones. Las ofertas se presentaron a comienzos de 2021, la adjudicación se acordó el 14 de septiembre de ese año y la resolución sancionadora llegó quince días después, antes de la formalización del contrato el 13 de octubre.
