Un informe del Instituto para la Economía Eficiente (IPEF), elaborado con las cifras de la Intervención General del Estado, sitúa en 53.593 millones los fondos UE no pagados que el Gobierno da por ejecutados. El 52% de los 103.236 millones adjudicados del Mecanismo de Recuperación aún no ha llegado al destinatario. Lo que Moncloa presenta como éxito de gestión es, en caja, una deuda exigible con el propio sector público.
El atasco está en las empresas del Estado
La mayor partida impagada —27.486 millones— corresponde al sector público empresarial y fundacional. ADIF, ADIF-Alta Velocidad, Renfe, Puertos del Estado, Enaire y Seittsa apenas han cobrado el 17,8%. El IPEF constata que «el Estado da por ejecutado más del doble de lo que ha pagado» y que «la ejecución anual cae del 82,8% al 52,6% en cinco años» . Autonomías y ayuntamientos sí han cobrado: el 93,6% y el 91,4%. Solo el 10% ha ido a la empresa privada.
Dónde se concentran los fondos UE no pagados
Otros 25.809 millones están en aportaciones patrimoniales e instrumentos financieros, de los que solo se ha pagado el 24%. «Uno de cada cuatro euros del mecanismo se canaliza por esta vía», apunta el estudio. A 30 de junio España había ingresado 71.367 millones de Bruselas y 77.601 tras el sexto desembolso de agosto, lejos del máximo teórico de 102.000 tras renunciar a 60.200 millones en préstamos. El IPEF, que dirige José Ramón Riera, resume el problema: «el dinero no acaba de salir hacia sus destinatarios finales».
La factura se desplaza a ejercicios futuros
En junio el Estado cerró con un déficit de caja de 34.892 millones y una necesidad de endeudamiento de 49.571. Quedan 25.862 millones atados a 148 hitos. Si el séptimo pago no llega, 25.635 millones habrán de cubrirse con emisión propia. El IPEF lo llama «un desplazamiento del esfuerzo financiero hacia ejercicios futuros»: el mecanismo se cierra y la deuda cruzada permanece.
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