El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impedido este miércoles que el Congreso debate la supresión del copago para los enfermos de ELA y otros grandes dependientes de grado III+. La enmienda de Junts, BNG, Coalición Canaria y Agrupación Herreña Independiente, ya aprobada en el Senado, ni siquiera llegó a votarse. Moncloa alega un «incremento sustancial del gasto público» no contemplado en el presupuesto vigente.
Un veto de 33 millones con las cuentas en movimiento
Según Derechos Sociales, estos pacientes perciben 9.859 euros mensuales y se les detraen de media 2.760 en copago. El Gobierno estima unas 2.000 personas afectadas y un coste total de 66,4 millones al año; la mitad —33,2 millones— correspondería al Estado. Con esa cifra se bloqueó una medida que, de haberse votado, habría salido adelante según ConELA.
El argumento de la caja encaja mal con la praxis del propio Ejecutivo: en las cuentas se han modificado partidas por 50.000 millones. El mismo criterio sirvió para vetar una enmienda del Partido Popular que bajaba al 4% el IVA de adaptaciones de vehículos y viviendas; Hacienda cifra en 321 millones la pérdida de ingresos.
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No hay 33 millones para la ELA y sí 25 para cursos a inmigrantes
Hay que decirlo sin eufemismos: no hay 33 millones para los enfermos y sí 25 para formar a quienes llegaron como menores extranjeros y quedaron bajo tutela. El SEPE aprobó el 29 de julio una convocatoria de 25.055.700 euros en programas TándEM para entidades que formen y ocupen a jóvenes extranjeros tutelados o extutelados con autorización de residencia, como documentó Nuestra España. Es prioridad política, no escasez.
El copago para los enfermos de ELA queda a merced de cada autonomía
Sin norma estatal, cada comunidad decide. ConELA ha logrado retirarlo en varios territorios, pero se mantiene en Navarra, Andalucía —con promesa de supresión—, Cataluña (5% por encima de 57.000 euros anuales) y Castilla-La Mancha. Esas excepciones pueden revertirse cuando cambie el gobierno autonómico.
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Pepe Jiménez, presidente de ConELA, lo resume así: «Esta enfermedad, en estado avanzado, requiere un cuidado sanitario, no social. Son cuidados imprescindibles para la supervivencia de la persona. Ningún servicio sanitario tiene copago» . El contraste es político: hay margen para reasignar miles de millones y para endurecer la presión fiscal, no para igualar estos cuidados al resto de la cartera sanitaria.
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Octubre, última vía de esta legislatura
En julio, el Parlament catalán aprobó por unanimidad una reforma de la ley ELA que incluye acabar con esa aportación. El Congreso tiene hasta octubre para admitirla y tramitarla. Es, de momento, el único resquicio legal que las asociaciones dan por abierto.
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