Acusación fiscal por presuntos delitos de odio
La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado una pena de tres años de prisión para un hombre al que se atribuyen presuntamente mensajes publicados en redes sociales entre febrero y septiembre de 2022. Según el escrito provisional de calificación, se le imputa un delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas.
Junto a la prisión, la fiscalía solicita una multa de 3.600 euros y una inhabilitación de seis años para ejercer cualquier profesión u oficio en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. Los investigadores consideran que los mensajes habrían buscado propagar desprecio, hostilidad y animadversión hacia el colectivo de inmigrantes.
Contenido de los mensajes publicados
De acuerdo con la documentación fiscal, el acusado habría publicado en sus cuentas de Twitter (ahora X) y Facebook diversos contenidos en los que calificaba la inmigración como una invasión y afirmaba que “la integración no existe”. En uno de los mensajes, escrito en valenciano el 22 de febrero de 2022, se señalaba que la integración sería únicamente “la coexistencia temporalmente pacífica” entre comunidades de diferentes orígenes culturales que tenderían al conflicto.
Los textos habrían incluido advertencias sobre un supuesto peligro de sustitución de la identidad europea y atribuían presuntamente delitos contra mujeres europeas, utilizando expresiones que la fiscalía considera ofensivas y humillantes hacia el colectivo inmigrante.
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Fecha del juicio y desarrollo del procedimiento
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia acogerá el juicio contra este hombre el próximo lunes 25 de mayo. El procedimiento se enmarca en un caso relacionado con presuntos delitos de odio vinculados a la inmigración a través de las redes sociales.
Este tipo de causas ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y el discurso en internet. Lo que no se comprende a estas alturas de la película, es que agresores salgan a la calle y reincidan, que no se pida cárcel o se pida mucho menos por dar una paliza a una mujer, por robar con violencia o por agredir o acosar sexualmente que por unos tweets. Veíamos hace escasos dos años como una película de terror el caso del profesor arrestado por no querer usar pronombres inventados para no usar género, o un hombre arrestado en Reino Unido por escribir «F*** Hamas». Esto ya ha llegado a España. Lo que se llama discurso de odio tiene un límite muy difuso entre la opinión disidente y la voluntad de censura. Al ser esos límites tan interpretables, es la herramienta perfecta para acallar voces ante el miedo de ser denunciados y enjuiciados con mayores penas que las que dan por "soltar una hostia". Las represalias a la disidencia de las políticas de fronteras abiertas ya se hacen sentir en España. Quedemos a la espera de la vista del juicio, por lo pronto, ya tiene que contratar un abogado y procurador el acusado.
