Un mes después de la entrada masiva desde Marruecos, los militares desplegados en Ceuta han recibido autorización para portar armas cargadas. La medida llega cuando ya se han registrado al menos dos agresiones acreditadas y un tercer episodio denunciado por una asociación profesional. La Guardia Civil, según fuentes del Instituto Armado, reclama ahora patrullas y acciones conjuntas con el Ejército, porque los efectivos de Tierra se han convertido en el objetivo de grupos violentos a raíz de los desalojos de asentamientos ilegales.
Tres emboscadas en cuatro días contra patrullas sin capacidad de respuesta
La primera agresión acreditada se produjo en la madrugada del 27 de agosto en Benzú. Un grupo de entre 30 y 40 personas rodeó un vehículo militar que se dirigía a un punto de vigilancia y lanzó piedras de grandes dimensiones. Cuatro militares resultaron heridos. Policía Nacional y Guardia Civil detuvieron a 12 personas. Como ya se informó en Nuestra España, el vehículo no estaba blindado y los ocupantes tuvieron que abandonarlo.
Dos días después, en la madrugada del 29, se registró un segundo ataque en las inmediaciones de El Chorrillo y las Murallas Reales. Cuatro personas fueron detenidas por lanzar piedras. Un sargento resultó herido leve. El segundo incidente confirmó el mismo patrón.
A esos dos episodios se suma el denunciado el 30 de agosto por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que habla de botellas de salfumán y papel de aluminio usados como artefactos caseros. El Ministerio de Defensa negó a Estrella Digital que ese último episodio llegara a producirse y aseguró que «no ocurrió nada».
Autorizan armas cargadas ante el deterioro de la situación
La autorización para portar armas cargadas se ha adoptado, según fuentes militares, porque «la situación se está deteriorando» y algunos grupos que permanecen en la ciudad «se están armando con materiales caseros». La decisión se presenta como medida de autoprotección y efecto disuasorio. No convierte a los soldados en agentes policiales: siguen en misión de apoyo a Policía Nacional y Guardia Civil y sujetos a las limitaciones de ese cometido.
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ASFASPRO, AUME y UMT habían denunciado una «situación de vulnerabilidad» y reclamado medios, un marco jurídico identificable y reglas de enfrentamiento «claras, precisas y unívocas». El PP, por boca de Ester Muñoz, pidió el 27 de agosto que los militares tuvieran condición de agentes de la autoridad. Esa petición no altera el fondo: el Gobierno socialista ha mantenido a las unidades en la calle sin funciones policiales y, hasta ahora, sin munición en recámara, mientras los desalojos de chabolas y campamentos ilegales convertían a los uniformados en el blanco más visible.
La Guardia Civil pide patrullas conjuntas con el Ejército
Fuentes del Instituto Armado han informado de que la Benemérita reclama patrullar y acciones conjuntas con el Ejército tras las emboscadas. «Los efectivos de las Fuerzas Armadas se han convertido en el principal objetivo de los violentos a raíz de los desalojos de asentamientos ilegales que han practicado en diferentes puntos de la ciudad autónoma».
La petición llega cuando la tensión en playas y barrios ya ha obligado a intervenciones de fuerza. Permitir armas cargadas no resuelve por sí sola la contradicción de enviar al Ejército a sostener un dispositivo que el Ejecutivo no ha querido cerrar con repatriaciones efectivas. Mientras PSOE e izquierda tratan la crisis como un problema de acogida, los soldados han pagado con contusiones la falta de un mandato nítido. La Guardia Civil pide ahora lo que debió articularse desde el primer desalojo: operar juntos, con reglas claras y sin dejar a las patrullas expuestas.
