La Policía registró la sede de una ONG en una intervención que alcanza la cúpula de Quorum Social 77. Agentes entraron en la mañana del 24 de julio en la sede de la organización y en cinco de los centros de menores no acompañados que gestiona en las Islas Canarias. Entre los detenidos figuran la presidenta, Delia García, y Enrique Quintana, director de varios de estos recursos y miembro del PSOE en la Secretaría de Acción Social de Gáldar (Gran Canaria).
La investigación se aceleró tras conocerse que, después del cierre de uno de los centros en Santa Brígida por presuntos abusos —que ya había dejado nueve detenidos—, la presidenta ordenó apagar todas las cámaras de videovigilancia del resto de instalaciones. Fuentes policiales señalan que esta medida dificultó cualquier supervisión externa. La causa permanece bajo secreto de sumario y los agentes buscan documentación sobre la gestión de fondos públicos, así como indicios de posibles delitos de malversación, prevaricación, trato vejatorio a menores, falsedad documental o encubrimiento.
Quorum Social 77 ha gestionado entre 2023 y marzo de 2025 un total de 31 centros con 1.925 plazas para menas en Canarias. En ese periodo recibió más de 131 millones de euros en subvenciones públicas del Gobierno de Canarias, en manos de la coalición CC-PP. La entidad ya había sido señalada por organizaciones civiles y medios locales por irregularidades en la atención, opacidad económica y condiciones precarias denunciadas por trabajadores y antiguos usuarios.
Cargando anuncio...
El volumen de fondos públicos y la falta de control efectivo
La Policía hizo el registro precisamente porque Quorum Social 77 presuntamente se convirtió en la principal adjudicataria del sistema canario. Más de un tercio de los menores tutelados en las islas dependían de esta organización, que concentró una parte muy relevante del presupuesto destinado a la acogida en los últimos años. El modelo de crisis permanente ha permitido adjudicaciones sin la rigurosidad que debería exigirse cuando se manejan cientos de millones de dinero de todos los españoles.
Recibe la verdad en tu correo, sin filtros.
Únete a más de 5,000 lectores que ya reciben nuestras investigaciones y análisis diarios directamente en su bandeja de entrada.
El Gobierno autonómico, primero bajo responsabilidad del PSOE y después bajo CC-PP, ha priorizado la ampliación de plazas ante la llegada masiva de menores en cayuco. Esta dinámica ha generado un sistema saturado en el que los estándares mínimos de habilitación de centros y la cualificación del personal parecen haber pasado a segundo plano. Las denuncias de deficiencias graves y de uso excesivo de fondos no son nuevas, pero hasta ahora no habían desembocado en una intervención de esta magnitud sobre la cúpula de la entidad más beneficiada.
Cargando anuncio...
La detención de un dirigente con responsabilidades orgánicas en el PSOE local añade una capa de preguntas legítimas sobre los controles administrativos en la concesión de contratos. Cuando el mismo partido que ha impulsado políticas de acogida masiva tiene a uno de sus cargos municipales al frente de la gestión diaria de miles de menores y de decenas de millones de euros, el debate sobre la independencia y la transparencia de estas adjudicaciones se vuelve inevitable. La coalición que hoy gobierna Canarias tampoco puede eludir su responsabilidad por haber mantenido y ampliado estos contratos.
Las detenciones y el intento de ocultar información
La operación no se limitó a la sede central. Los registros se extendieron a cinco centros de la organización en el archipiélago. La decisión de apagar las cámaras tras el escándalo de Santa Brígida constituye, según las fuentes policiales, el elemento que precipitó la aceleración de las pesquisas. Ordenar presuntamente la desconexión de los sistemas de vigilancia en el conjunto de los recursos, justo después de que saltaran las denuncias de abusos, dificulta cualquier reconstrucción objetiva de lo ocurrido y eleva las sospechas de intento de encubrimiento.
Cargando anuncio...
Enrique Quintana no solo dirigía varios de los centros. Ostentaba cargo en la ejecutiva local del PSOE de Gáldar. Esta doble condición —gestor de dinero público destinado a menores vulnerables y cargo orgánico de un partido que ha hecho de la inmigración irregular una de sus banderas ideológicas— exige explicaciones claras. La ciudadanía tiene derecho a saber si existieron o no conexiones que facilitaran la continuidad de los contratos a pesar de las alertas previas.
Las investigaciones anteriores por presuntos abusos ya habían dejado un centro clausurado y nueve detenidos. La nueva fase apunta a la cúpula. Los agentes buscan ahora pruebas documentales que permitan aclarar el destino exacto de los más de 131 millones recibidos y si se produjeron irregularidades en la atención diaria a los menores. Mientras tanto, el sistema de acogida canario sigue tensionado y las autoridades autonómicas buscan alternativas ante posibles nuevas medidas cautelares.
Un modelo de acogida que genera dudas estructurales
El volumen de llegadas ha desbordado la capacidad ordinaria de las islas. El resultado ha sido la proliferación de centros improvisados y la concentración de recursos en pocas entidades. Quorum Social 77 pasó de ser una organización con trayectoria en protección de menores a convertirse presuntamente en el pilar de un sistema de emergencia cronificada. Esa transformación se ha producido con fondos públicos masivos y con un nivel de fiscalización que, a la vista de los presuntos hechos, ha resultado insuficiente.
Cargando anuncio...
Las denuncias de trabajadores y de algunos menores sobre presuntas condiciones precarias, falta de personal cualificado y supuestos tratos inadecuados circulaban desde hace tiempo. La respuesta institucional ha sido, durante demasiado tiempo, la ampliación de plazas y la inyección de más dinero. Ahora la Policía actúa sobre la organización que presuntamente más se benefició de ese modelo. El caso obliga a preguntarse si el actual sistema de subcontratación masiva de la acogida de menas es sostenible, transparente y realmente protector de los menores a los que dice atender.
La intervención policial no resuelve por sí sola el problema de fondo. Mientras continúe la llegada masiva de menores no acompañados y se mantenga un modelo que premia el volumen de plazas sobre el control efectivo, seguirán apareciendo casos similares. Los ciudadanos merecen saber con exactitud a dónde van los cientos de millones destinados a esta política y quiénes los gestionan. La detención de la cúpula de Quorum Social 77 es un primer paso, pero no puede ser el último.
