La ministra de Ciencia y candidata socialista a la Generalitat, Diana Morant, dispone de una vivienda oficial de 296 metros cuadrados en Madrid, de titularidad pública y con los gastos cubiertos. El Ministerio lo reconoció. En su última declaración ante el Congreso no figura ningún inmueble a su nombre.
Una vivienda oficial de cuatro estancias, sin contrato de alquiler
El departamento que dirige precisó que «la ministra de Ciencia e Innovación hace uso de una vivienda de titularidad pública, asignada al Ministerio para dicho uso, desde septiembre de 2021» y que no se firmó «ningún contrato de alquiler» para esa residencia. El inmueble, de cuatro estancias, ha sido objeto de reformas y compra de mobiliario desde su llegada al cargo, según informó El Debate. La dirigente, natural de Gandía y secretaria general del PSPV-PSOE, sigue ocupando esa vivienda oficial pese a volcarse en la precampaña valenciana.
Sueldo de 84.650 euros y agenda ministerial menguante
Morant conserva la cartera en el Gobierno de Pedro Sánchez y un sueldo de 84.650 euros brutos anuales (Portal de Transparencia, ejercicio 2025). Este lunes no tenía agenda de ministra y acudió a las Cortes Valencianas como candidata. En la declaración del 20 de diciembre de 2023 declaró 77.476 euros de 2022, 21.252 de IRPF, 31.000 en depósitos y un seguro de 25.000. No constan inmuebles ni vehículos. Juanfran Pérez Llorca, presidente autonómico del PP, no dispone de residencia oficial; cobra 83.819 euros más 11.734 de indemnización por residencia.
Topar el alquiler desde una casa a cargo del Estado
Frente a la crisis habitacional, Morant ha prometido intervenir el mercado y topar el precio del alquiler si llega al Palau. El contraste es evidente: predica límites para el particular y conserva un piso público de 296 m². Pérez Llorca anunció el lunes 60 millones en ayudas al alquiler. El PSOE predica austeridad ajena y reserva al cargo el privilegio de no pagar techo. El PP autonómico, por su parte, no sale de la gestión asistencial cuando el problema de fondo es la oferta y la inseguridad jurídica de la propiedad.
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