El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos para intervenir el mercado de la vivienda: uno con medidas antidesahucios y la prórroga de los alquileres hasta 2029 y otro con contratos indefinidos. La reunión arrancó con una hora de retraso, tras el tira y afloja entre el PSOE y Sumar. Las normas entran en vigor al publicarse en el BOE, pero el Gobierno ha pedido un pleno extraordinario este viernes para convalidarlas: si el Congreso las tumba, decaerían.
Aprueban un decreto con prórroga hasta 2029 y otro para intervenir el mercado de la vivienda
El primer texto —el llamado «decreto Maricarmen»— incluye un escudo antidesahucios ampliado hasta 2030, más allá del 2028 que figuraba en el borrador del lunes, y una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el inquilino esté al corriente y lo haya estado los ocho meses anteriores. Ese alargue es el que el titular resume como prórroga hasta 2029. El segundo decreto concentra lo que Sumar y el Sindicato de Inquilinas marcaban como línea roja: la renovación automática que convertiría el alquiler, de hecho, en indefinido.
Escudo hasta 2030, habitaciones, temporada y veto a fondos
En el paquete mayor también se regula el alquiler de temporada y el alquiler por habitaciones, las dos vías por las que una parte de la oferta se había escapado del corsé de la Ley de Vivienda. Se prohíbe, hasta 2028, la compra de viviendas por entidades que adquieran por debajo de mercado o en paquetes con ánimo de lucro inmediato —el Gobierno las llama «fondos buitre»—. No entra la expropiación de esos pisos ni la congelación general de rentas, dos exigencias que la izquierda menor quería colar y que el Ejecutivo aparca para «otro momento».
El primer decreto se ha troceado, según el propio esquema de la coalición, para intentar un visto bueno más amplio en la Cámara. El segundo —el de los indefinidos— concentra la medida que más recela entre quienes no aceptan convertir al particular en arrendador forzoso sin fecha de salida.
El Congreso, el viernes: la factura la sigue pagando el casero
La maniobra es política y contable a la vez. Un texto busca sobrevivir; el otro puede nacer ya herido. Mientras tanto, intervenir el mercado de la vivienda no crea un solo piso público: alarga la ocupación del de otro. Quien no cobre, quien no recupere la casa y quien asuma suministros o desperfectos sigue siendo el propietario, no el Estado. La Administración se reserva el titular y traslada la carga. El viernes se verá si esa ingeniería legislativa aguanta el primer voto o se deshincha en treinta y seis horas.
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El menú europeo que se cita para apretar más
En otros países el debate no es idéntico, pero sirve de palanca. Hay ciudades con enorme parque municipal, cupos de obra nueva, topes por zona, contratos sin fecha de fin o —en el caso más extremo— la expropiación a grandes fondos sobre la mesa. Nada de eso está aprobado en España; sí ilustra hasta dónde quiere llevarse la intervención si el decreto se endurece en la negociación.
