Un teniente general de la Guardia Civil lanzó una advertencia directa de posible relevo en el cargo a un compañero de alta graduación que rechazó participar en una orden de boicot contra actos institucionales de la Comunidad de Madrid. La directora del cuerpo sopesó el cese pero lo descartó para evitar convertir al afectado en un símbolo. Hoy mismo, esa misma directora comparece como investigada ante el juez en la Audiencia Nacional por el caso Leire Díez.
El boicot contra Ayuso que desató la crisis interna en la Guardia Civil
La tensión estalló cuando el teniente general Luis del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones y número dos del DAO, mantuvo una conversación tensa con el general Fernando Mora, máximo responsable de la zona de Madrid. Mora se negó a acatar una directriz que buscaba boicotear los actos del Dos de Mayo organizados por el gobierno autonómico madrileño.
Según la información publicada por Ketty Garat, periodista de ABC, del Castillo le espetó: «Atente a las consecuencias». En el mismo intercambio añadió una frase aún más grave: «No te meto dos hostias porque no te tengo delante». Estas expresiones, recogidas en un audio, evidencian el nivel de presión ejercida sobre un mando que simplemente se limitó a cumplir con su criterio profesional y rechazó instrumentalizar el cuerpo para fines políticos.
El general Mora no se negó a acatar la orden, pero su intención era clara: explicar a la presidenta que no iría por acatar la orden. Por su parte el teniente del Castillo Ruano pidió que no se le ocurriera decir eso.
Este episodio se enmarca en un clima más amplio de instrucciones controvertidas, como la supuesta orden del DAO a la UCO de «no ser proactivos» en determinadas investigaciones que afectan al Gobierno. La negativa de Mora a participar en el boicot contra Ayuso fue interpretada como un acto de insubordinación que merecía respuesta inmediata en forma de amenaza de cese.
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El nombramiento de Mora como general jefe de la zona de Madrid se produjo en septiembre de 2024. Solo un mes después ya se produjo el primer choque relacionado con su toma de posesión. La directora suspendió el acto porque, según el protocolo castrense, debía intervenir el jefe de la Comandancia, Diego Pérez de los Cobos, después de un varapalo del Tribunal Supremo. Esta suspensión inicial ya evidenciaba las dificultades para consolidar el mando de Mora en un contexto de tensiones internas.
Meses más tarde llegó la amenaza directa de Luis del Castillo. La directora sopesó el cese como respuesta, pero optó por no ejecutarlo. La decisión de no convertir al general en un mártir revela que en la cúpula existía conciencia de que una destitución de este tipo podría generar un efecto contraproducente y amplificar las críticas sobre politización del instituto armado.
Este episodio no es aislado. Forma parte de un patrón de presiones que incluye la apertura de expedientes internos y órdenes que algunos mandos interpretan como intentos de condicionar la actuación profesional de la Guardia Civil. La negativa de Mora a sumarse al boicot contra Ayuso y su posterior denuncia ponen de relieve las consecuencias que puede acarrear mantener una postura independiente dentro de un cuerpo sometido a este tipo de exigencias.
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La directora de la Guardia Civil, investigada en el caso Leire Díez: interrogada ahora en la Audiencia Nacional
Mientras se conocían los detalles de la amenaza a Mora, Mercedes González afronta en estos momentos su declaración como investigada en la Audiencia Nacional por el caso Leire Díez. El juez la citó a partir de las 10:15 horas después de posponer la comparecencia prevista para el día anterior por la extensión de la declaración del DAO Manuel Llamas.
La UCO habría documentado tres reuniones presenciales entre González y Leire Díez (30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025). La exmilitante socialista habría utilizado esa relación para instigar actuaciones administrativas internas contra la propia UCO, con el objetivo de «desmontar» o condicionar las investigaciones que afectan a figuras del Gobierno.
La directora niega haber interferido en ninguna investigación ni haber actuado bajo influencia de Díez. Sin embargo, el juez le atribuye, junto a Llamas, la presunta autoría de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular liderada por el PP.
El contraste es llamativo: mientras un general es amenazado por negarse a participar en un boicot contra Ayuso, la máxima responsable del cuerpo comparece ante la justicia precisamente por presuntas maniobras para abrir expedientes internos contra la unidad que investiga casos sensibles para el Ejecutivo.
