El Boletín Oficial del Estado ha dejado negro sobre blanco lo que el ministro Félix Bolaños anticipó en mayo: el Gobierno releva a Silvia Martínez Cantón, juez de enlace ante Francia con acreditación extendida a Suiza, y coloca en París a una fiscal de la Unión Progresista de Fiscales. El movimiento coincide con la instrucción abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, una causa que nació precisamente de auxilios judiciales franceses y suizos.
El BOE confirma el cese de la jueza de enlace con Francia y Suiza
La orden ministerial firmada por Bolaños y publicada el 26 de agosto dispone «el cese de doña Silvia Martínez Cantón como magistrada de enlace ante las autoridades competentes de la República Francesa, con acreditación extendida ante las autoridades competentes de la Confederación Suiza, agradeciéndole los servicios prestados» (BOE). El mismo día se nombra para Francia —ya sin extensión helvética— a Iria Sabela González López.
Martínez Cantón ocupaba el puesto desde 2024, el mismo año en que Anticorrupción recibió las peticiones de cooperación de las fiscalías francesa y suiza y denunció el «uso indebido» de los 53 millones del rescate a Plus Ultra en 2021. El cargo original se concibió por cinco años, con un mínimo de dos. El Ejecutivo aceleró el relevo en primavera, cuando la instrucción ya estaba en marcha.
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En mayo, Bolaños negó cualquier sustitución forzada: «no ha habido ninguna sustitución de ninguna magistrada», dijo, y añadió que se trataba de una titular que «termina en agosto su trabajo». Otras informaciones situaron el cese en una «pérdida de confianza» y en el manejo de información reservada sobre Plus Ultra que el ministerio no controlaba. La discrepancia entre el relato ministerial y el calendario judicial no es un detalle menor.
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Una pieza clave del caso Zapatero queda en manos del Ministerio
La novedad de fondo no es solo el nombre. La nueva plaza se limita a Francia. Bolaños argumentó que «la cooperación entre España y Suiza no necesita de la figura de un magistrado de enlace exclusivo o compartido» y que «las autoridades suizas no tienen ninguna costumbre de actuar con magistrados de enlace» . El resultado práctico es otro: el auxilio con Berna queda bajo el control directo de Justicia, justo cuando esa vía sirvió para abrir el caso Zapatero.
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El PP interrogó en su día por la premura del relevo. No reformó, cuando gobernó, un sistema de libre designación que permite al Ejecutivo colocar y retirar a quien canaliza la cooperación internacional. El PSOE, ahora, lo usa con la causa de un expresidente socialista sobre la mesa. El debate no es de etiquetas: es si un Gobierno puede desconectar una tubería judicial extranjera mientras investigan a los suyos.
Una fiscal de la UPF releva a la magistrada en París
González López es fiscal y militante de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación de Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado. Llegó a ser vicepresidenta de esa organización. El Consejo Fiscal ya informó su designación para París.
La apariencia de imparcialidad cuando la plaza deja de estar ocupada por una magistrada y pasa a una fiscal del sector más próximo al sanchismo, mientras el Gobierno recorta la ventana suiza es cuanto menos curiosa. Quien defiende que «la cooperación con Suiza es perfectamente normal» debería explicar por qué, entonces, urgía tanto cambiar a la jueza de enlace que llevaba esos expedientes.
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