El desbordamiento de solicitudes que obliga a buscar apoyo adicional fuera de los cauces habituales
El proceso extraordinario de regularización ha generado un número de peticiones muy superior al previsto inicialmente por el Gobierno. Según la información manejada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, se han presentado alrededor de 1,2 millones de solicitudes, cuando las estimaciones máximas apuntaban a unas 750.000. Esta diferencia ha provocado que no se haya podido completar la carga de toda la documentación en la plataforma Mercurio antes del cierre del plazo.
La tramitación principal recae en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo, donde trabajan aproximadamente 50 funcionarios. Estos cuentan con el apoyo de unas 150 personas de Tragsa y Tragsatec, pero la decisión final sobre cada expediente corresponde siempre a los funcionarios. Entre sus tareas se encuentran la comprobación de fechas, el control de la permanencia en territorio español y el cruce de información con otras bases de datos.
Debido a esta acumulación, la Secretaría de Estado de Migraciones ha trasladado al Ministerio de Política Territorial la necesidad de contar con ayuda extra para completar el registro de los expedientes pendientes. La medida se plantea precisamente porque los recursos ordinarios resultan insuficientes para absorber el volumen generado en los plazos establecidos.
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Limitaciones actuales de la estructura administrativa para absorber el volumen
Con solo medio centenar de funcionarios encargados de dar el visto bueno definitivo a más de un millón de expedientes, la capacidad de respuesta se ve claramente limitada. El sindicato ha señalado que esta situación ha impedido volcar en Mercurio los datos de alrededor de 500.000 solicitudes en el momento del cierre del plazo de presentación. La falta de registro completo en la plataforma retrasa el inicio real de la tramitación de una parte importante de los expedientes.
La propuesta concreta de colaboración voluntaria con compensación económica por expediente gestionado
Para intentar resolver el retraso en la carga de datos, se ha solicitado la participación de funcionarios de las Oficinas de Extranjería en la grabación de las solicitudes que todavía no figuran en el sistema. Esta colaboración se realizaría fuera del horario laboral habitual y con una compensación de 10 euros por cada expediente procesado.
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La iniciativa busca acelerar la introducción de la información pendiente para que la tramitación pueda avanzar sin mayores demoras. Según los cálculos manejados, el coste total de esta actuación extraordinaria rondaría los 5 millones de euros. Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha dado luz verde al gasto que supondría esta medida.
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La propuesta ha surgido directamente de la Secretaría de Estado de Migraciones y se ha trasladado al Ministerio de Política Territorial para su gestión. El objetivo es que el personal voluntario complete la grabación de todos los expedientes que no pudieron ser introducidos en Mercurio durante el periodo ordinario de trabajo.
Aspectos económicos y administrativos de la medida de apoyo
La remuneración establecida de 10 euros por expediente se presenta como incentivo para que los funcionarios dediquen tiempo adicional fuera de su jornada normal. Esta fórmula se plantea como solución temporal ante la imposibilidad de incorporar de forma inmediata más personal fijo a la estructura existente. La aprobación del presupuesto necesario sigue pendiente y condiciona la puesta en marcha efectiva de esta colaboración.
Las repercusiones previstas en las oficinas de documentación policial y las peticiones de incremento de plantilla
Una vez superada la fase de tramitación, los expedientes que obtengan resolución favorable pasarán a las oficinas de documentación de la Dirección General de la Policía, encargadas de emitir las Tarjetas de Identidad de Extranjero. Estas dependencias ya vienen soportando fallos diarios en sus aplicaciones informáticas y se enfrentan ahora a un previsible aumento del volumen de trabajo.
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El sindicato reclama la incorporación inmediata de los 504 funcionarios interinos que la Dirección General de la Policía ha solicitado al Gobierno. En la actualidad faltan alrededor de 2.000 efectivos en estas oficinas. La semana anterior al cierre del plazo ya se habían registrado unos 1.800 expedientes en estas dependencias, lo que anticipa una carga de trabajo considerable en los próximos meses.
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Además, CSIF exige resolver de forma definitiva los problemas informáticos que afectan a las aplicaciones de documentación y poner en marcha un plan extraordinario de refuerzo. Sin estas medidas, advierte el sindicato, muchas oficinas podrían entrar en una situación de saturación durante el verano, cuando las plantillas habituales se ven reducidas por vacaciones y coincide con una elevada demanda de otros documentos como DNI y pasaportes.
Riesgo de saturación en la fase final de emisión de documentos
La emisión de las tarjetas de identidad representa la última etapa del procedimiento. Con el elevado número de solicitudes presentadas, esta fase también se verá afectada por la acumulación de expedientes. El sindicato insiste en que la falta de refuerzos suficientes y la persistencia de problemas técnicos podrían generar retrasos adicionales en la entrega de las tarjetas a las personas que obtengan la regularización.
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