El Ejecutivo ha reescrito el pliego del sistema que recoge, trata y publica los resultados y ha degradado al Centro Criptológico Nacional. Las comprobaciones de la seguridad del escrutinio electoral ya no recaen de forma directa en el organismo del CNI: quedan en el Ministerio del Interior «en colaboración con el Centro Criptológico Nacional CCN-CNI». El cambio llega mientras el Supremo mantiene en vilo las altas de la ley de nietos en el censo exterior.
De auditor del servicio de inteligencia a mero colaborador
El pliego de 2022 exigía una «auditoría de seguridad por parte del CCN-CNI». El texto nuevo, atribuiría presuntamente esas tareas «por parte del Ministerio del Interior con la colaboración del CCN-CNI». El centro sigue en el esquema, pero deja de ser el responsable directo. El contrato del dispositivo se eleva a 46,06 millones de euros sin IVA, un 27% más que en 2022.
La seguridad del escrutinio electoral, bajo el paraguas de Marlaska
El CCN, integrado en el CNI y adscrito a Defensa, existe precisamente para proteger los sistemas de las administraciones. Situarlo en segundo plano, cuando el propio pliego describe la cadena que va de las mesas al Centro de Proceso de Datos, concentra el control técnico en el departamento que organiza las elecciones. El documento de 2026 cita 287 veces a Interior, un 19,1% más que el de 2022. No es un matiz de redacción: es quién firma la integridad del recuento.
Ley de nietos, censo exterior y un recuento más opaco
El Supremo suspendió este septiembre las altas en el CERA ligadas a la ley de nietos al apreciar un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad del proceso. Contó 408.262 electores más en el exterior desde 2023; la Abogacía rebajó la cifra a 369.017. Moncloa recurre y sostiene que la norma no altera el resultado «por pura matemática». En ese clima, apartar al servicio de inteligencia de la autoría directa no es burocracia: es decidir quién certifica las urnas cuando el censo está en disputa.
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