El Ejecutivo ha designado como director general del Tesoro a Pablo Sánchez-Blanco Mancera, esposo de Pilar Sánchez Acera, quien fue jefa de Gabinete de Óscar López y resultó señalada en relación con la filtración de datos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Para hacer efectivo el nombramiento, el Gobierno aprobó una excepción al requisito legal que establece que este puesto debe ser desempeñado por un funcionario de carrera. La modificación permitió que Sánchez-Blanco accediera a la Dirección General del Tesoro pese a no reunir la condición exigida con carácter general.
Este movimiento, formalizado en el Consejo de Ministros, se produce en un contexto de reiteradas críticas a la forma en que el actual Ejecutivo gestiona los nombramientos de confianza. La decisión no solo salta un filtro legal habitual en la Administración, sino que sitúa en un cargo clave de la política financiera del Estado a alguien vinculado familiarmente a una figura política que estuvo en el centro de una polémica que involucró información reservada.
La excepción que abrió la puerta al director general del Tesoro
Según los datos disponibles, el Gobierno modificó el requisito habitual para que el director general del Tesoro pudiera ser ocupado por alguien que no ostentara la condición de funcionario de carrera. Esta excepción no es un detalle menor: la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público establece con carácter general que los directores generales deben ser funcionarios, salvo justificación motivada de características especiales del puesto.
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En este caso, la modificación permitió el acceso de Sánchez-Blanco. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía han destacado su trayectoria previa: desde mayo de 2023 desempeñaba el puesto de experto en la Subdirección General de Legislación Financiera de la propia Dirección General del Tesoro, donde participó en la elaboración de normas sobre entidades financieras y protección de usuarios. Antes había desarrollado la mayor parte de su carrera en el Banco de España, incluyendo la jefatura de la División de Conducta entre 2020 y 2023.
Sin embargo, esa experiencia profesional no elimina el hecho de que se haya recurrido a una vía excepcional para colocarlo. El Ejecutivo ha vuelto a demostrar que, cuando conviene, las reglas pueden adaptarse a las personas y no al revés. Esta práctica, criticada en anteriores ocasiones por asociaciones de funcionarios, genera un debate legítimo sobre si la meritocracia real sigue vigente o si prevalecen los vínculos de confianza política.
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El nombramiento sustituye a Carla Díaz Álvarez de Toledo, quien pasa a presidir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El cambio se produce bajo la dirección del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
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El vínculo familiar y la sombra de la filtración sobre Ayuso
Pilar Sánchez Acera, esposa del nuevo director general del Tesoro, ocupó un puesto de máxima confianza como jefa de Gabinete de Óscar López cuando este era director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Posteriormente ha mantenido responsabilidades en el entorno del PSOE de Madrid. Su nombre saltó a la actualidad por su relación con la difusión de información relativa a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Informes de la Guardia Civil señalaron que Sánchez Acera tuvo “información certera” sobre la filtración del correo en el que el abogado de González Amador reconocía posibles delitos fiscales. Aunque el Tribunal Supremo descartó su participación directa en un delito de revelación de secretos, el instructor apreció “fisuras” en su relato y cuestionó la credibilidad de algunas de sus explicaciones.
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Este antecedente no es irrelevante. Colocar presuntamente al marido de una persona que estuvo en el epicentro de una operación informativa contra la principal rival política del Gobierno en Madrid en un cargo tan sensible como la Dirección General del Tesoro invita a la reflexión. ¿Hasta qué punto se separan las decisiones técnicas de los intereses partidistas? La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones el uso de la Administración como instrumento de colocación de afines, y este caso refuerza esa percepción.
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Trayectoria profesional de Pablo Sánchez-Blanco: los puestos que ha ocupado
Según su propio perfil profesional, la carrera de Pablo Sánchez-Blanco se resume en los siguientes puestos:
Esta trayectoria, centrada casi íntegramente en el Banco de España y en un puesto de experto dentro del propio Ministerio, no le otorgaría la condición de funcionario de carrera de la Administración General del Estado que la ley exige con carácter general para ocupar la Dirección General del Tesoro. De ahí la necesidad de la excepción aprobada por el Gobierno.
Un patrón de excepciones que debilita la neutralidad de la Administración
El recurso a excepciones para colocar a personas sin la condición de funcionario de carrera no es nuevo, pero cada vez genera más rechazo entre quienes defienden una Administración profesional e independiente. El Tribunal Supremo ha anulado en el pasado algunas de estas excepciones por falta de justificación suficiente, recordando que deben motivarse de forma razonada y no convertirse en la norma.
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En el caso del director general del Tesoro, el puesto gestiona aspectos centrales de la deuda pública, la financiación del Estado y la política financiera. Permitir que lo ocupe alguien que no cumple el requisito general, por muy cualificado que sea en otros ámbitos, abre la puerta a interpretaciones de favoritismo. Cuando el Gobierno salta las reglas para acomodar a alguien del entorno de una figura señalada por una filtración política, la percepción de imparcialidad se resiente.
Mientras se proclama el respeto a las instituciones, se modifican los requisitos para que cuadren con los nombres elegidos. El resultado es un deterioro de la confianza en la gestión pública que termina afectando a todos los ciudadanos, independientemente de su orientación política.
La oposición y diversos analistas han insistido en que estos movimientos no son aislados, sino parte de una forma de gobernar que utiliza los resortes del Estado para reforzar redes de influencia. El nombramiento de Sánchez-Blanco como director general del Tesoro se convierte así en un nuevo ejemplo de cómo se pueden torcer las normas cuando el objetivo es colocar a alguien concreto.
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La decisión del Gobierno de aprobar excepciones al requisito de funcionario de carrera para situar al marido de Pilar Sánchez Acera al frente de la Dirección General del Tesoro no solo es cuestionable desde el punto de vista formal. Es, sobre todo, una muestra más de una manera de entender el poder que prioriza los vínculos personales y políticos sobre las reglas que deberían garantizar la independencia de la Administración. El debate queda abierto: ¿Cuántas excepciones más serán necesarias antes de que se restablezca el principio de que los cargos técnicos deben cubrirlos quienes cumplen los requisitos legales, y no quienes tienen las conexiones adecuadas?
