Las políticas de género del Gobierno PSOE-Sumar vuelven a fallar a las mujeres
El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, acumula un nuevo escándalo que pone en evidencia la incompetencia y el despilfarro sistemático de la izquierda. Una asociación feminista de Granada, La Volaera, ha denunciado errores graves en la nueva licitación de las tobilleras antimaltrato por 71 millones de euros (ampliables a 111). Según su presidenta, María Martín Romero, estos dispositivos “Son un riesgo” y generan “víctimas de primera y de segunda clase”.
La Volaera, que ya denunció fallos previos ante la Agencia Española de Protección de Datos, critica la ausencia de cobertura satelital, el uso de tecnología móvil obsoleta y la externalización de funciones públicas a empresas privadas. “Es como hacer víctimas de primera y de segunda clase. Tienes mala suerte si no vives en donde tengas buena cobertura”, afirma Martín Romero en el análisis técnico-jurídico publicado por The Objective.
El pliego de condiciones ignora el Esquema Nacional de Seguridad actual y permite hasta seis meses de transición que el contrato vigente no garantiza. El resultado: mujeres en zonas rurales desprotegidas y un sistema que prioriza la continuidad de la UTE Vodafone-Securitas antes que la seguridad real. Otras fuentes como La Voz de Galicia confirman que La Volaera ya reunió decenas de casos de fallos que han provocado absoluciones de agresores.
El Tribunal de Cuentas alerta: contratos públicos para financiar actividades privadas
El mismo ministerio que presume de proteger a las mujeres es señalado por el Tribunal de Cuentas por presuntamente usar contratos menores para conceder ayudas directas encubiertas a entidades privadas. En su informe de fiscalización de 2024, el órgano fiscalizador denuncia que Igualdad financió premios, congresos, jornadas y seminarios mediante adjudicaciones directas inferiores a 15.000 euros, cuando debían tramitarse como subvenciones con publicidad y concurrencia.
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“Prima el apoyo a actividades privadas de carácter social sobre la obtención de un retorno publicitario”, concluye el Tribunal. Ejemplos concretos incluyen contratos a Santiago Antonio Yerga Cobos —exdirector cesado y luego recolocado— por 14.900 euros sin entrega verificable de informes. El 73,9 % de los contratos analizados rozaban el límite legal, evidenciando un uso sistemático de esta figura excepcional.
The Objective detalla cómo esta práctica evade la ley de contratos y reduce la transparencia. Medios como Europa Press y Demócrata.es confirman que ocho de cada diez contratos menores de protección social carecen de justificación suficiente, afectando también al Instituto de las Mujeres y al Injuve.
¡Millones de euros públicos para eventos privados mientras las víctimas quedan desprotegidas!
La propaganda del 8M: Ángela Molina contra el “pasado” en vez de soluciones reales
Mientras las tobilleras fallan y el Tribunal de Cuentas señala irregularidades, el Ministerio de Igualdad invierte en campañas ideológicas. El vídeo oficial del 8M protagonizado por Ángela Molina, titulado “No dejaremos que el pasado avance”, ataca el concepto de “mujeres de alto valor” y señala a la “ultraderecha” como amenaza. La actriz pasa de “sumisa” a activista con pancarta, pero no menciona ni una sola medida concreta para las víctimas reales de maltrato.
El spot, revela la verdadera prioridad del Gobierno: confrontación ideológica antes que protección efectiva. El País y ElDiario.es destacan que la campaña pone el foco en “violencia digital” y “reacción machista” en lugar de resolver los fallos técnicos que ya han provocado absoluciones de agresores.
La izquierda ante el espejo: ideología frente a seguridad
Estos tres hechos —tobilleras defectuosas, ayudas encubiertas y propaganda 8M— no son errores aislados. Son la consecuencia lógica de un modelo que subordina la protección de las mujeres a la agenda ideológica y al clientelismo. La asociación feminista La Volaera, lejos de alinearse con el Gobierno, denuncia “tortura institucional” y “desidia”. El Tribunal de Cuentas, órgano independiente, confirma el despilfarro.
Frente a esto, las políticas de orden y seguridad que defiende Vox —más medios para la Policía, penas efectivas y fin del derroche ideológico— demuestran ser la única alternativa responsable. La izquierda no protege: divide, gasta y deja desamparadas a las víctimas. Es hora de exigir cuentas reales y soluciones que funcionen.
