El Consejo de Ministros del martes volvió a abrir la chequera. Según el recuento de partidas ligadas a la crisis de la frontera sur, el Ejecutivo movilizó 572,5 millones para sufragar la inmigración ilegal en Ceuta y sus efectos sobre servicios, seguridad y economía local. El paquete oficial de choque suma 309 millones hasta diciembre, más avales del ICO. En el desglose no aparece una línea específica para devolver a quienes entraron de forma irregular.
Cientos de millones para acoger; ninguna partida de expulsión
Un mes después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, Moncloa presentó un real decreto-ley de medidas urgentes. La Razón detalla que esos 309 millones equivalen al 16% del PIB ceutí en cuatro meses y se suman a una línea de avales de hasta 50 millones.
La mayor tajada, 118 millones, va a atención humanitaria: 53,4 millones para alojamiento y atención básica de los que permanecen en la ciudad y 63,6 millones para menores no acompañados. Otros 90 millones cubren el dispositivo de seguridad —74 para las Fuerzas Armadas y el resto en incentivos a Policía Nacional y Guardia Civil—. 80 millones se reservan a empresas, autónomos y rebajas fiscales.
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Pablo Cambronero, en The Objective, agrupa esas y otras decisiones del mismo Consejo —ayudas directas a Ceuta y Melilla, obras y suministros, partidas a ONG— y concluye que el total destinado a «sufragar la invasión y sus efectos» alcanza los 572,5 millones. «Es evidente que toda esta marea de ayudas significa a las claras que el Gobierno no piensa expulsar a los inmigrantes ilegales, lo cual habla de la manifiesta debilidad que pagamos todos con nuestros impuestos», escribe.
Esa lectura se sostiene en lo que el decreto sí financia y en lo que no: no hay crédito anunciado para expulsiones. El Estado paga colchones, menús, letrados, desaladora y bonificaciones; no un dispositivo de retorno comparable.
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Menores, ONG y servicios: el presupuesto que asienta la crisis
El ministro Ángel Víctor Torres cifró en 1.612 los menores ya filiados en Ceuta (1.129 tras el 30 y 31 de julio). Sánchez habló el lunes de unos 1.200 que siguen en la ciudad. El crédito de 63,6 millones se suma a 25 millones autorizados la semana anterior. Infancia prevé convenios con entidades y otras comunidades, y habla de trasladar a 500 niñas a la Península; Sánchez insiste en tramitar expedientes en la propia Ceuta.
Esa contradicción alarga la tutela y encarece el sistema, en la misma línea que la presunción de minoría de edad para quien se declare menor de 18 años. Cambronero apunta 710.000 euros a organizaciones como Save the Children y ACNUR. Justicia recibe 4,5 millones para agilizar expedientes; Sanidad, 3,5; Educación, 3,2; la desaladora, en torno a nueve. Son refuerzos necesarios si la ocupación se da por permanente, no si el objetivo es el retorno.
La saturación sanitaria ya se discutió cuando Bruselas y los médicos de Ceuta desautorizaron el relato de Mónica García. Pagar más plazas sin cerrar la frontera es cronificar el problema.
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El PSOE firma el cheque y el PP no impone la devolución
El Gobierno presenta el plan como «devolver la normalidad». En la práctica, consolida un mando único que administra la presencia de miles de irregulares junto a infraestructuras críticas, mientras el comercio local —caídas de actividad del 30% al 60% en agosto, según el vicepresidente Carlos Cuerpo— se sostiene con ayudas de 5.000 euros a autónomos y hasta 150.000 a empresas.
El PSOE y sus socios convierten la emergencia en gasto estructural. El PP, que gobierna la ciudad con Juan Jesús Vivas, reclama recursos y no ha forzado en Madrid una ley de expulsiones con plazos, cupos y consecuencias para quien recaiga. La inmigración ilegal en Ceuta se dota; la soberanía fronteriza, no.
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