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Esta revelación cobra importancia porque la denuncia inicial llegó al Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz. Tras el informe fiscal, se remitió a Madrid. El dato subraya que existió influencia para impedir la imputación de Díez y que hay documentación de esa directriz.
Conexiones con personas involucradas y reuniones previas
Entre las figuras a las que se recurrió en el entorno de Leire Díez figura el exmagistrado José Luis Sáez de Tejada. Este había sido expulsado de la carrera judicial tras una condena por violencia psicológica habitual y amenazas en el ámbito de violencia de género. Se contactó con él en busca de datos para afectar el honor de la juez Biedma. Al no hallar información, se recurrió a un tercero que, presuntamente, utilizó inteligencia artificial para generar imágenes denigratorias de la magistrada y difundirlas en redes sociales con el fin de influir en su labor mientras avanzaba la investigación contra David Sánchez.
La Fiscalía General del Estado reconoció el 10 de julio que Villafañe y la fiscal Beatriz López Pesquera mantuvieron al menos dos reuniones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo. Este último forma parte de un grupo referido como “cloacas”, vinculado a esfuerzos para neutralizar investigaciones que afectan al entorno familiar y político de Pedro Sánchez. Los encuentros ocurrieron entre marzo y abril de 2025, por lo que cuando se produjo la solicitud de archivo en junio, las partes ya se conocían personalmente desde hacía meses.
El informe que motivó el cierre del procedimiento, elaborado tras las indicaciones mencionadas, estableció que los hechos no guardaban relación con el partido judicial de Badajoz. Siguiendo las directrices, no se evaluó el posible carácter delictivo de las conductas descritas.
Traslado a la Audiencia Nacional y declaraciones pendientes
Una vez en la capital, el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, solicitó al juez Arturo Zamarriego el envío de la causa para unificarla y asumir la investigación. Precisamente, Diego Villafañe está citado a declarar ante Pedraz el miércoles 15 de julio por las reuniones mantenidas con la fontanera del PSOE.
Al ser contactado por el medio, Villafañe, que actualmente ejerce como fiscal en el Tribunal Supremo, mantiene que no tenía capacidad para impartir ese tipo de órdenes, a pesar de la documentación existente.
Este episodio se enmarca en el contexto más amplio de la instrucción llevada a cabo por la juez Beatriz Biedma en Badajoz. Su labor fue respaldada en todo momento por la Audiencia Provincial cada vez que se cuestionaron sus actuaciones. Las diligencias practicadas resultaron clave para acreditar presuntas irregularidades en la adjudicación de una plaza ocupada por David Sánchez en la corporación provincial pacense, desde el momento de publicación de las bases de la convocatoria.
Se espera en breve la sentencia del juicio celebrado hace un mes en la Audiencia de Badajoz contra el hermano del presidente del Gobierno. Según informaciones previas, David Sánchez aguarda el fallo dentro del Palacio de la Moncloa, donde se muestra nervioso y dedica tiempo a tocar el piano.
La Audiencia Nacional centra ahora su atención en diversas declaraciones relacionadas con estas actividades. El caso continúa su curso judicial con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados.
Necesidad de reformar el sistema de elección de la Fiscalía
Los hechos expuestos en este caso han vuelto a poner de manifiesto las críticas recurrentes sobre el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Muchas voces consideran que es necesario reformar el sistema de elección de los fiscales para garantizar mayor independencia. Situaciones como las descritas, junto con el rol de los abogados del Estado, generan cuestionamientos profundos sobre posibles influencias y la necesidad de cambios estructurales para evitar cualquier percepción de falta de imparcialidad en el futuro. No puede ser que se repitan dinámicas que socaven la confianza en las instituciones.
Mientras el PSOE y sus aliados atacan cualquier reforma que busque despolitizar las instituciones, casos como este demuestran que el problema no está en las críticas, sino en la práctica sistemática de interferencias.
