Álvaro García Ortiz, nacido en 1967 en Lumbrales (Salamanca), es una figura controvertida en la judicatura española, marcada por su alineación con el progresismo y el Gobierno de Pedro Sánchez. Inició su carrera como fiscal en 1997, especializándose en medio ambiente, donde destacó en casos como el Prestige o el incendio de Guadalajara.
Ascendió rápidamente bajo administraciones socialistas: en 2017, fue jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General con nuestra queridísima Dolores Delgado, su mentora y predecesora, quien lo impulsó al cargo de Fiscal General del Estado en 2022. Fue nombrado por Sánchez pese al clamor y las críticas por su falta de imparcialidad.
Su mandato estuvo plagado de escándalos, como la supuesta persecución a opositores del PSOE. El clímax llegó en noviembre de 2025, cuando el Tribunal Supremo lo condenó por revelación de secretos: "se filtró" un email de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesando delitos fiscales, en un intento de desacreditar a la oposición madrileña. Madrid siempre ha sido la plaza deseada de los socialistas.
La pena: dos años de inhabilitación, multa de 7.200 euros y 10.000 euros de indemnización. Tal es el amor platónico con el progresismo que la Unión Progresista de Fiscales recauda el dinero para García Ortiz
Renunció el 24 de noviembre, alegando "lealtad institucional", pero solo para reingresar gracias a Teresa Peramato, su sucesora designada por el mismo Gobierno. ¿Quién lo protege? Parece ser que Sánchez y Bolaños tramitan su indulto desde enero de este año, solicitado por "dos particulares" anónimos, pero "quizás, podría ser, tal vez"... ¿Impulsados por la maquinaria del PSOE?
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Apoyan más de 150 juristas progresistas, UPF (Unión Progresista de Fiscales), que recaudaron fondos para su multa. Me pregunto qué representa 17.200 euros en el sueldo anual de un Fiscal General del Estado... La solidaridad resulta espléndida para algunas cosas, generalmente las que sirven de publicidad.
La Fiscalía pide anular la sentencia al Supremo. La Abogacía del Estado ha anunciado recursos para intentar anular la sentencia. Se tramita un indulto. Todo para salvar a Fiscal. Mientras, González Amador exige su expulsión, pero el Gobierno no oye ni el fallo judicial. García Ortiz encarna la politización de la Justicia por el gobierno, que indulta a los suyos mientras persigue a otros. Es un ataque al Estado de Derecho, priorizando lealtades partidistas sobre la ley. España necesita fiscales independientes, urgentemente, pues la judicatura manchada es indicio de muerte inminente de la libertad.
