La fuga de funcionarios se ha instalado en ministerios tocados por las causas del Gobierno de Sánchez y en carteras gestionadas por Podemos. Altos y medios cargos presuntamente piden traslado —incluso con menos sueldo— para no comprometer su firma, mientras la ley de lobbies lleva a cancelar citas con empresas por miedo a ser señalados.
La fuga de funcionarios no es un rumor de pasillo. The Objective recoge que, en departamentos afectados por las pesquisas al Ejecutivo socialista y en los que dirige Podemos, mandos intermedios y superiores solicitan el cambio de destino «incluso con menos sueldo y nivel» para no estampar la rúbrica en documentos «al margen de la legalidad».
La fuga de funcionarios ante la firma y las órdenes verbales
Las fuentes describen pánico y un aumento de órdenes verbales para no dejar rastro. Piden trazabilidad y que sus informes no se manipulen. «La gente está muerta de miedo porque les están haciendo firmar cosas que ellos no quieren», afirma un funcionario a The Objective. Quien firma «es el que se lleva el problema». Hay quien acepta un puesto de vocal asesor, sin firma. Se citan al menos tres casos de mandos que buscan salir aunque pierdan dinero. El malestar llega a inspectores de Hacienda, abogados del Estado e ingenieros.
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Cancelan reuniones por la ley de lobbies
OK Diario documenta el otro frente: el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, obliga a publicar en un mes «todas las reuniones y contactos» con grupos de interés. En tecnología, infraestructuras y energía se cancelan citas. «Se formalizan contratos necesarios, pero incluso ahí se evitan los encuentros». «Trabajamos bajo sospecha», resumen. Una reunión legal podría reinterpretarse años después. Las pymes quedan en peor posición que las grandes firmas. Quien no recibe a nadie elimina el riesgo.
Menos nivel a cambio de no responder ante el juez
La firma recae desde subdirector hacia arriba. Un caso relatado: una subdirectora presuntamente nombrada a dedo en un puesto tecnológico de la Sociedad de la Información, licenciada en Derecho, rechazó firmar y un inferior se negó a «llevarse el marrón». Quien no comparte el sesgo del mando, dicen, «no es nadie». El funcionario se juega la suspensión y su medio de vida.
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