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Los testimonios coinciden también en que los responsables de los centros no obtuvieron beneficio personal alguno de estas operaciones. Han manifestado que actuaron siguiendo las indicaciones que recibían desde instancias superiores y que consideraban que las obras se gestionaban de manera correcta dentro de los límites de los contratos menores, cuyo importe máximo para obras se situaba en 40.000 euros.
El conjunto de las intervenciones investigadas supera los tres millones de euros. Al dividirlas en facturas de menor cuantía se evitaba la obligación de tramitar procedimientos de licitación pública que resultarían obligatorios para proyectos de mayor envergadura.
Relatos detallados de tres directores sobre la operativa seguida con la empresa constructora
Tres directores que declararon recientemente han aportado detalles coincidentes sobre cómo se desarrolló la relación con la empresa que ejecutó las obras. Uno de ellos relató que, ante la necesidad de realizar actuaciones en verano, se optó por separar las intervenciones en unidades más pequeñas, como baños por un lado y aulas por otro. Explicó que la única compañía que ofrecía garantías de finalizar los trabajos en ese plazo era la investigada y que sus representantes indicaron que se gestionaría todo a través de distintas sociedades vinculadas, facturando cada unidad de obra por separado. Según su versión, en aquel momento no comprendían que esta forma de facturar pudiera constituir un fraccionamiento del contrato global.
Otro director describió la incomodidad que le generaba recibir facturas correspondientes a partes de la obra que todavía no estaban terminadas. Aunque no llegó a considerar que se tratara de una irregularidad, sí transmitió su malestar por escrito a la Subdirección General. Relató además que en una ocasión personal de la empresa se presentó en el centro con una actitud intimidatoria, exigiendo el pago bajo la amenaza de comenzar a dañar las instalaciones ya ejecutadas. Añadió que el entonces subdirector de Formación Profesional le transmitió de forma clara que debía realizar los pagos porque el centro disponía de los fondos necesarios.
En la mañana del martes , la Guardia Civil llevó a cabo un registro en el Ayuntamiento y otras dependencias municipales.
Un tercer director explicó cómo llegó a trabajar con la misma empresa. Indicó que el subdirector de Formación Profesional le sugirió contactar con el director de otro centro donde ya se estaban ejecutando obras con esa compañía. Ese director le confirmó que la empresa había sido facilitada desde instancias de la consejería. Posteriormente, el subdirector contactaba telefónicamente para autorizar los pagos y un representante de la constructora entregaba las facturas correspondientes. Una vez que se recibía la orden de pago y los fondos estaban disponibles, se procedía a abonarlas.
Estos relatos coinciden en lo esencial con la declaración prestada anteriormente por el empresario investigado, quien mencionó una veintena de centros en los que se habría seguido la misma dinámica operativa.
Auditorías, responsabilidad administrativa y estado actual de la investigación
Los informes de auditoría remitidos al juzgado por la propia Administración autonómica, a instancias de la Fiscalía, han detectado que numerosos gastos se tramitaron como contratos menores pese a superar el importe máximo permitido para esta modalidad. También han señalado que se produjo un fraccionamiento del objeto del contrato con el fin de no rebasar los límites establecidos y evitar así el procedimiento de licitación pública que correspondería aplicar.
Según estos informes, teniendo en cuenta el objeto y el importe total de los gastos, hubiera correspondido tramitar un expediente de contratación ordinario ante el órgano competente de la Consejería de Educación. Las auditorías sitúan la responsabilidad principal en la propia consejería, que en aquel periodo estaba dirigida por Enrique Ossorio.
La Fiscalía, durante la fase de investigación desarrollada en 2024, apreció una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva derivada de la omisión del procedimiento legalmente establecido. Por su parte, la jueza instructora advirtió ya en noviembre de 2024 la posible existencia de una infracción penal de prevaricación administrativa.
La investigación se centra ahora en determinar si la responsabilidad recae principalmente en los cargos autonómicos o también en los directores de los centros. El hecho de que el sistema descrito aparezca en un número considerable de centros está siendo valorado por las defensas de los directores investigados, que previsiblemente solicitarán en los próximos meses el sobreseimiento de las actuaciones que les afectan.
