La extradición de Hamlyn ha quedado en papel mojado. El empresario vasco Alejandro Hamlyn, reclamado por la Audiencia Nacional en el caso de hidrocarburos y ligado a las cloacas que capitanea Leire Díez, fue puesto en libertad el viernes en Dubái después de que Justicia y Exteriores no cursaran la solicitud de entrega. Interpol lo había detenido a finales de julio; en España se conoció el arresto casi un mes después.
Interpol detiene, el Ejecutivo no pide la entrega
Hamlyn llevaba desde 2025 en Emiratos. No compareció ante el juez cuando fue citado y sobre él pesa una orden de busca y captura por un presunto fraude de IVA de 154 millones de euros entre 2016 y 2019 a través de una filial de Hafesa, su energética. En la misma causa figura Víctor de Aldama. Fuentes jurídicas recuerdan que la demanda extradicional es “responsabilidad específica de Justicia y Exteriores”: el Gobierno debía pedir a Exteriores que gestionara por vía diplomática la entrega. Esa gestión no se ha producido.
“Aquí no ha llegado ninguna petición”
Según el entorno emiratí del empresario, Hamlyn se mostraba “muy tranquilo”, “como si intuyera o supiera que la reclamación para su entrega no se iba a producir”. A fecha de la excarcelación, “aquí no ha llegado ninguna petición” para devolverlo a España. Aún no habían vencido los sesenta días de plazo, pero una vez en libertad “tendría que ser de nuevo detenido”. Queda una posibilidad remota si los delitos atribuidos encuentran correspondencia en Emiratos.
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La extradición de Hamlyn y lo que sabe de Ferraz
Al margen del fraude, Hamlyn está investigado por un presunto soborno a un policía para destruir pruebas. Su nombre saltó con el audio grabado desde Dubái en febrero de 2025 con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. En esa conversación, la llamada fontanera del PSOE buscaba datos contra el entonces teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, y contra el fiscal José Grinda; a cambio se insinuaban garantías para su causa. El empresario, de Neguri, también acumuló aplazamientos de más de 200 millones en la Hacienda Foral vizcaína. Quien maneja esa información incomoda tanto al PSOE como a sus socios. La trama de hidrocarburos y las cloacas de Ferraz no se explican si el Ejecutivo decide no reclamar a quien puede declarar en España.
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