Interpol ha detenido este lunes en Abu Dabi a Alejandro Hamlyn, el empresario de hidrocarburos huido desde mayo de 2025 al que emisarios del entorno del PSOE pidieron datos para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, mando de la UCO que investiga causas de corrupción que afectan al Gobierno. La Audiencia Nacional le reclamaba por no comparecer y por una causa de presunto pago a un policía a cambio de fichas reservadas, a la que se suma un supuesto blanqueo en Estados Unidos.
La captura de Alejandro Hamlyn cierra un año de fuga
Agentes de Interpol arrestaron el lunes en Abu Dabi a Alejandro Hamlyn, dueño del grupo Hafesa y vecino de Getxo, que permanecía en Dubái desde que, en mayo de 2025, no volvió a España para sentarse ante el tribunal. La Audiencia Nacional llevaba un año reclamándolo tras no presentarse a declarar.
El arresto se enmarca en la investigación del Juzgado Central de Instrucción número 1 por el presunto pago a un agente de la Policía Nacional, Javier Luis Muñoz, a cambio de consultas en bases restringidas: domicilios, antecedentes y controles fronterizos de personas y empresas ligadas a Hafesa. Un informe de Asuntos Internos de 2023, sitúaría esas contraprestaciones en unos 4.250 euros mensuales desde noviembre de 2022, canalizados presuntamente a través de la esposa del funcionario. Se investigan presunta revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y ahora un presunto blanqueo de capitales en Estados Unidos. También ha sido detenido otro investigado de origen asiático.
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Hamlyn fue citado y no compareció. El 27 de junio de 2025 la Audiencia dictó orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión y la remitió a Interpol España. Su defensa alegó un travel ban en Emiratos por una deuda civil. No entregó el pasaporte. Quedó en rebeldía. Más de un año después, la huida se ha cortado. La detención se ha comunicado este martes al tribunal.
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El audio de las cloacas: «Con una cosa de Balas, está muerto»
La relevancia política del detenido no está solo en el fraude de carburantes. En febrero de 2025, Alejandro Hamlyn se reunió presuntamente por videoconferencia desde Dubái con Leire Díez, Javier Pérez Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y otros letrados, hoy imputados en el caso de las cloacas del PSOE. Quedó un audio de unos 53 minutos. El objetivo, según esa grabación, era presuntamente obtener material contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, unidad que instruye pesquisas sobre el entorno del Ejecutivo.
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Díez no pedía el organigrama entero. Quería un nombre. «Necesito a Balas», dijo. El empresario, ya en apuros judiciales, reclamó a cambio un resguardo de su situación procesal y de las deudas de su grupo con la Administración: «Quiero un papelito». Y añadió la frase que resume el encargo: «Tengo una cosa… Con una cosa que te dé [de Balas] ya está, está muerto». Díez respondió: «Pues perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones» .
Habló también de presuntas irregularidades en la Guardia Civil y de contenedores de cocaína. Después sostuvo que buena parte de aquello era falso y que había seguido el juego. Da igual el matiz: el PSOE, a través de su fontanería, buscaba presuntamente “matar” procesalmente al investigador que más daño hace a Moncloa, en la misma línea del asedio a la UCO y al entorno de Sánchez. Quien gobierna con socios y con silencio institucional no puede fingir sorpresa cuando la cloaca presuntamente pide un dossier contra un mando de la Benemérita.
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Fraude de 154 millones, aplazos del PNV y empresa a pleno rendimiento
Hamlyn arrastra la operación Drake: un presunto fraude de IVA de unos 154 millones de euros entre 2016 y 2019. La Audiencia Nacional llegó a plantear juzgar a Hafesa Energía como parte de una organización criminal. El juicio, aplazado, se fijó para mayo de 2025. El presidente del grupo no ocupó el banquillo: se quedó en Emiratos.
Mientras huía, varias sociedades de su órbita obtuvieron de la Diputación Foral de Vizcaya, gobernada por el PNV, aplazamientos de hasta 225 millones en IVA e impuestos especiales, pese a estar investigadas precisamente por defraudar el IVA. El sector denunció competencia desleal. La operadora siguió en el mercado. En el tramo final del audio, el empresario preguntó a Díez si tenía amistad con Andoni Ortuzar y valoró usarla para asuntos de la compañía. El encaje entre la fontanería socialista, el trato foral y una petrolera bajo sospecha no es un detalle menor: es el mapa de quién protege a quién cuando las causas aprietan.
La Audiencia Nacional ha asumido en 2026 la causa de las cloacas abierta a raíz de aquella videollamada. Díez y el resto de emisarios siguen investigados por una estrategia coordinada contra agentes de la UCO y de Anticorrupción. Con Hamlyn ya localizado, el Estado tiene de nuevo al interlocutor que ofreció presuntamente “matar” a Balas a cambio de un papel. Queda por ver si la extradición llega tan rápido como llegó el encargo político.
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