El proyecto FV Tagus y las alegaciones sobre su ubicación en espacios protegidos de Extremadura
El parque fotovoltaico conocido como FV Tagus se sitúa en el término municipal de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Según la información disponible, su emplazamiento se encuentra dentro del Parque Natural del Tajo Internacional, declarado Reserva de la Biosfera y perteneciente a la Red Natura 2000. Además, ocupa parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de los Llanos de Alcántara y Brozas, así como zonas clasificadas como de Interés y de Alto Interés dentro de ese mismo espacio protegido.
La asociación Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) presentó una denuncia en 2024 en la que sostiene que la declaración de impacto ambiental del proyecto resultó irregular o ilegal. Entre los argumentos expuestos figura el supuesto incumplimiento de hasta tres directivas europeas de protección ambiental. La asociación considera que la instalación afectaría hábitats de especies protegidas, entre ellas el águila imperial, el buitre negro y el lince.
El proyecto FV Tagus fue promovido por una filial de Iberdrola. Durante el periodo en que Olga García desempeñó el cargo de consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad en el último gobierno del PSOE en Extremadura (2019-2023), se tramitaron las autorizaciones administrativas correspondientes. Fondenex sostiene que esa tramitación favoreció la implantación de la planta en un espacio sometido a estrictas medidas de conservación, lo que motivó la apertura de diligencias judiciales.
La denuncia inicial se centró en las posibles irregularidades cometidas en la fase de evaluación ambiental. Posteriormente, el procedimiento se ha ampliado para analizar el papel de diferentes responsables públicos en la concesión de los permisos necesarios para el desarrollo del parque solar.
El procedimiento judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dictado una providencia por la que imputa a Olga García por un presunto delito de prevaricación. La providencia ordena que la actual presidenta de Enresa preste declaración en calidad de investigada el próximo 7 de octubre.
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Además de Olga García, el mismo procedimiento ha imputado a Jesús Moreno Pérez, director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. En una fase anterior del caso se abrieron diligencias contra Marta Gómez Palenque, actual directora de Evaluación de Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y contra Eugenio Domínguez, que ocupó el cargo de exsubdirector de Evaluación de Calidad Ambiental en el mismo ministerio.
El juez Santiago Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil y al DAO por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en el caso Leire.
La querella presentada por Fondenex alega un supuesto trato de favor en la tramitación administrativa del proyecto. El juez ha considerado que existen indicios suficientes para investigar si las resoluciones adoptadas durante el proceso de concesión de permisos pudieron constituir el delito de prevaricación. Por el momento, se trata de una imputación provisional y Olga García mantiene la presunción de inocencia hasta que se resuelva el procedimiento.
Las fuentes cercanas a la presidencia de Enresa han manifestado su plena confianza en que el proceso se desarrolle con normalidad y han expresado la disposición de la empresa a colaborar plenamente con la justicia en todo lo que se requiera.
Reacciones políticas y posicionamiento de las instituciones implicadas
El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha reclamado responsabilidades y transparencia ante lo que considera un nuevo episodio vinculado a la gestión del PSOE en la comunidad autónoma. El dirigente popular ha señalado que esta imputación añade un foco más sobre la forma en que se gestionaban los asuntos públicos durante el último gobierno socialista extremeño y lo ha relacionado con otros casos que afectan al mismo partido.
Por su parte, la dirección de Enresa ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de la legalidad y ha transmitido su apoyo institucional a Olga García mientras dure la investigación. La empresa, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha evitado realizar valoraciones sobre el fondo del asunto y se ha limitado a subrayar su voluntad de cooperación con los órganos judiciales.
Hasta el momento no se han producido declaraciones públicas de Olga García ni de Jesús Moreno Pérez sobre la imputación. El procedimiento sigue su curso en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y se espera que en las próximas semanas se vayan produciendo las citaciones y las aportaciones de documentación solicitadas por el instructor.
La imputación de la actual presidenta de Enresa se produce en un contexto en el que el desarrollo de proyectos de energías renovables en zonas con algún grado de protección ambiental genera habitualmente debates sobre el equilibrio entre la transición energética y la conservación del patrimonio natural.
