Un informe interno de Renfe del año 2025 habría alertado al presidente Álvaro Fernández Heredia y a la cúpula de la endeble situación de la filial Renfe Mercancías, que acumularía pérdidas desde 2020 y viviría de préstamos participativos del grupo. Según el documento, al que ha tenido acceso The Objective, la disolución de esta sociedad generaría un agujero de 480 millones de euros en los resultados consolidados del grupo ferroviario público.
El impacto de 478,5 millones en el consolidado
El texto cifraría en 478,5 millones el agujero que abriría la liquidación en las cuentas del grupo. En el balance de Mercancías el golpe sería de 327 millones por la pérdida de valor de locomotoras, vagones y participaciones; en la cuenta de resultados, de 372 millones. Renfe Ingeniería y Mantenimiento sufriría 53,1 millones y Renfe Operadora vería afectados 377 millones en balance y 429 en resultados. La filial habría registrado 44,8 millones de pérdidas en 2025 y 32,1 en 2024.
Inacción pese a las alertas del Tribunal de Cuentas
El informe exigía presuntamente un test de deterioro de activos que podría situar a la sociedad en causa de disolución si el patrimonio neto cae por debajo de la mitad del capital. Pese a que el Tribunal de Cuentas ya habría señalado del deterioro, Renfe no habría presuntamente entregado ese test al auditor PKF Attest en varias ocasiones. Tampoco se habría acometido la reorganización interna ni la búsqueda de socio que el documento reclamaba. La compañía habría rechazado comentarios.
Riesgos de ayudas de Estado y alianza pendiente
Fuentes internas habrían criticado el exceso de maquinistas como causa de la falta de rentabilidad. Mercancías opera en mercado liberalizado y recibe financiación de la matriz, lo que podría derivar en una denuncia de competidores ante la Comisión Europea por presuntas ayudas de Estado incompatibles. Si Bruselas lo confirmara, podría exigir la devolución con intereses. Una alianza al 50 % con Medway (MSC) negociada desde 2023 y casi cerrada a finales de 2025 seguiría sin formalizarse. La Intervención General del Estado no se ha pronunciado y el asunto lo heredará previsiblemente el Gobierno que salga de las urnas del 29 de noviembre.
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