La Policía Nacional habría sacado presuntamente de su casa en Madrid, el domingo 6 de septiembre hacia las 19:00, a un técnico de una empresa que presuntamente sería subcontratada por el Ministerio del Interior. Habría estado preparando datos para un informe sobre Ceuta encargado por la juez María Tardón, de la Audiencia Nacional. Según el testimonio que trasladó a OKDiario, permaneció en comisaría de las 20:00 a las 08:00, sin abogado, y al día siguiente habría pedido la baja y un cambio de servicio.
Noche en comisaría, sin letrado y con los hijos en casa
Dos agentes especializadas en información se presentaron presuntamente en el domicilio. No constaría una detención: el técnico describe una comparecencia voluntaria y sin letrado. Estaba solo con sus hijos menores y, al alegar que no podía dejarlos, acudió un agente tutor. Fuentes conocedoras del caso califican esa escena de «una película de ciencia ficción». En dependencias policiales se negó presuntamente a algunas preguntas. Entendía que responderlas quebrantaría los acuerdos de confidencialidad.
Quién sostiene el informe sobre Ceuta
El juzgado presuntamente protegió al principio a los policías del encargo para que no reporten a sus jefes. Según el mismo medio, policías afines a la cúpula designada por Fernando Grande-Marlaska habrían desarrollado otras diligencias secretas en paralelo. Oficialmente, el cuerpo sólo reconocería declaraciones sobre posiciones de entrada y expedientes de asilo, y presuntamente dice que no tomaría declaración a testigos. Cámaras, mediciones y registros biométricos los aportarían informáticos de una empresa de seguridad subcontratada. El técnico habría trabajado en remoto, no en Ceuta.
El relato que no quieren que se les escape
Las fuentes sostienen que, al no poder dirigirse a los agentes protegidos, se habría bajado «un peldaño por debajo». «Yo creo que ellos no quieren sorpresas. Quieren controlar el relato y que no se les vaya el caso de las manos. Han pasado a la acción», afirman en OKDiario. Temen un texto alterado: «El informe que va a recibir la juez de la Audiencia probablemente esté cocinado». No cierran un delito; apuntan, en condicional, a que podría tratarse de presuntas coacciones, y lamentan que no haya registro presuntamente de esa declaración. Quienes le conocen hablarían de temor y de la conveniencia de que el episodio constase.
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