El Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha dictado cuatro sentencias que elevan a trece las condenas contra España por los recortes retroactivos a las primas renovables. Los fallos ejecutan laudos del Ciadi sobre OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, añaden más de 98,1 millones de euros entre indemnización, costas e intereses y acercan la factura reconocida en Estados Unidos a 935 millones.
El juez cierra otra suspensión
Randolph D. Moss ha denegado la petición de archivar o paralizar el procedimiento y ha ordenado sentencia a favor de los acreedores. El fallo les reconoce el derecho a percibir «el importe íntegro de la indemnización dictada por los tribunales de arbitraje». Fuentes próximas a los fondos precisan que España no objetó presuntamente las cuantías, que quedan reconocidas por entero. El tribunal recuerda que un laudo del Ciadi debe tratarse en Estados Unidos como una sentencia firme propia.
De dónde salen las condenas contra España
Los cuatro expedientes nacen de parques eólicos de sociedades radicadas en Malta, Suiza, Alemania y Luxemburgo. Se acogieron al régimen de incentivos y las decisiones de 2010 a 2014 —bajo el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy— alteraron presuntamente de forma retroactiva las condiciones. El Ciadi, tribunal del Banco Mundial, concluyó que se vulneró el artículo 10.1 de la Carta de la Energía y las expectativas de estabilidad regulatoria. EFE cifra el laudo de OperaFund y Schwab en 29,3 millones, el de Steag en 27,7 y el de Renergy en 32,9, antes de costas e intereses.
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Una cuenta que no paga quien la generó
Antes de esta tanda había nueve condenas en Estados Unidos por 836,6 millones: Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa y Eurus. Reino Unido, Australia y Singapur han reconocido también esos créditos, y los acreedores podrán pedir embargos si el impago persiste. El argumentario del Gobierno —ayudas de Estado, competencia de la UE, cortesía internacional y la gestión de Blasket Renewable Investments— ha sido desestimado punto por punto. El hachazo lo firmaron unos; la negativa a pagar, y los intereses, los sostiene el Ejecutivo actual. La factura acaba en el contribuyente.
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