El exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció su dimisión tras recibir una presunta amenaza de demanda millonaria de empresas afectadas por su presunta inacción ante la acampada de Sol. La patronal madrileña CEIM remitió un requerimiento formal tres días antes de la salida, presentado como primer paso hacia una reclamación por daños y perjuicios, según El Mundo.
La amenaza de demanda millonaria y el perjuicio de 25 millones
CEIM, presidida por Miguel Garrido, envió el presunto escrito para exigir el fin de la ocupación iniciada el 26 de septiembre. Según confirman a ese diario, «es un primer paso de demanda por daños y perjuicios contra el delegado del Gobierno por su inacción». No cuantifican la cifra exacta, aunque hablan de importes millonarios que variarían según las empresas adheridas (tiendas, hoteles y grandes almacenes). La Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid (Cocem) ha cifrado el perjuicio hasta ahora en 25 millones. Solo establecimientos como Apple o El Corte Inglés acumulan pérdidas elevadas, y en la patronal consideran que la decisión de no actuar agrava el daño económico y operativo.
Martín desvincula su dimisión de la amenaza y la achaca al PSOE
Martín no negaría haber recibido el requerimiento, pero desliga la marcha de cualquier asunto de la Delegación. «No voy a hacer declaraciones más allá de aclarar que la decisión no tiene nada que ver con ninguno de los asuntos que se gestionan desde la Delegación de Gobierno», ha señalado. Insistiría en que se va por la marginación sufrida en las listas del PSOE para el 29 de noviembre, pese a haber formado parte de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Una eventual demanda millonaria podría tramitarse bajo otro Ejecutivo, lo que complicaría su defensa personal.
Exigencias de CEIM para cerrar la ocupación antes del 13 de noviembre
La organización empresarial pide que la acampada concluya como máximo a las 00:00 horas del 13 de noviembre, inicio de la campaña electoral, «sin perjuicio de que las circunstancias puedan justificar su finalización con anterioridad». Exige además condiciones de salubridad e higiene, corredores de seguridad y emergencia permanentemente libres, y accesos expeditos a establecimientos, quioscos, Metro y Cercanías. CEIM afirma no cuestionar el derecho de reunión, pero sostiene que debe ser «compatible con la protección de trabajadores, empresarios, vecinos y visitantes».
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