Tanto la clase política como el Rey están de vacaciones y parece que han convertido el verano de 2026 en un ejercicio de distanciamiento deliberado respecto a las emergencias que golpean el territorio nacional. Mientras el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama con insistencia la declaración de “emergencia nacional” y un mando único ante la llegada de miles de inmigrantes sin control ninguno, el Ejecutivo central descarta la medida argumentando que la normativa de protección civil no contempla los flujos migratorios. Al mismo tiempo, los incendios forestales que han mantenido activada la emergencia de interés nacional en varias provincias parecen no ser razones suficientemente graves como para interrumpir sus vacaciones y al menos intentar darle solución. Ninguna de estas situaciones ha bastado para que la cúpula política y la Corona interrumpan de forma generalizada su descanso estival. Una vergüenza absoluta.
La negativa del Gobierno y el silencio de la oposición
El 30 de julio, Vivas elevó la petición formal al Gobierno tras constatar que cerca de mil personas permanecían fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y que las entradas a nado no cesaban. “Estamos ante una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, declaró en entrevistas a Onda Cero y la SER. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, con respaldo unánime, exigió además el refuerzo de efectivos y el cierre temporal de la frontera del Tarajal.
Interior respondió de inmediato: “La declaración de emergencia de interés nacional forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales”. El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció su viaje a la ciudad el 31 de julio y el refuerzo de efectivos, incluido el despliegue de unidades militares, pero rechazó el mando único. Pedro Sánchez, por su parte, publicó un mensaje en el que afirmaba estar “movilizando todos los recursos necesarios” tras una conversación telefónica con Vivas, sin alterar su calendario de vacaciones en La Mareta.
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Esta negativa se produce en paralelo a la activación de la misma figura jurídica para los incendios de Madrid, Ávila y Toledo. La diferencia de criterio resulta difícil de explicar cuando la propia ciudad autónoma habla de “indefensión” y de riesgo de repetir la crisis de 2021. La oposición, lejos de forzar un debate urgente en el Congreso, ha mantenido un perfil bajo durante los días críticos.
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Incendios, vacaciones y la presencia simbólica del Rey
Los incendios que han obligado a evacuar decenas de miles de personas y han arrasado miles de hectáreas coincidieron con el inicio del periodo vacacional de la clase dirigente. El Rey Felipe VI, que se encontraba en Palma de Mallorca, interrumpió momentáneamente su estancia para visitar a los evacuados en Villamanta el 26 de julio y participar por videoconferencia en el Comité Estatal de Coordinación. “Unidos se puede afrontar cualquier riesgo”, afirmó entonces. Sin embargo, tras ese gesto y el despacho tradicional con Sánchez en La Almudaina el 29 de julio, la agenda real ha retornado a los compromisos estivales previstos, incluida la Copa del Rey de Vela.
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Sánchez, por su parte, retrasó ligeramente la llegada a Lanzarote, pero confirmó cuatro semanas de descanso en La Mareta, con un dispositivo de seguridad que, según informaciones periodísticas, moviliza decenas de agentes. Mientras tanto, en Ceuta los efectivos antidisturbios se contaban por decenas ante una presión que fuentes policiales cifraban en miles de intentos de entrada en un solo día. La imagen de un presidente que prioriza la puesta a punto de piscinas y lagos artificiales —con un gasto público de más de 16.000 euros— mientras una ciudad española pide auxilio resulta, como mínimo, chocante.
Una ausencia que debilita la idea de Estado
Que los políticos y el Rey estén de vacaciones no es un detalle anecdótico. Es el síntoma de una cultura política que entiende el poder como privilegio de calendario y no como responsabilidad permanente. El acuerdo con Marruecos para devolver “lo antes posible” a quienes han entrado ilegalmente se anuncia sin que nadie asuma el mando único que la ciudad reclama.
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La Ley de Seguridad Nacional ofrece, según el propio Gobierno de Ceuta, una vía alternativa a la de protección civil. Sin embargo, Moncloa ha preferido atrincherarse en la interpretación más restrictiva. Mientras tanto, los ciudadanos de Ceuta contemplan cómo sus servicios colapsan y cómo la frontera se convierte, una vez más, en zona de tensión crítica. La misma clase política que declara emergencia nacional por los incendios forestales se muestra incapaz de aplicar un criterio equivalente cuando la amenaza es migratoria y fronteriza.
Este doble rasero erosiona la confianza en las instituciones. Un país que no es capaz de reunir a su Gobierno y a su Jefe de Estado ante una emergencia reconocida por las autoridades locales envía un mensaje claro: las prioridades del poder no coinciden con las de los territorios más expuestos. Es la radiografía de una España que, en los momentos decisivos, elige mirar hacia otro lado y ser muy irresponsable.
La crisis de Ceuta y los incendios de este verano han dejado al descubierto una realidad incómoda: cuando más se necesita liderazgo, la ausencia se impone como norma.
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Los ciudadanos que pagamos a todos los políticos merecemos, como mínimo, que ante una emergencia nacional se convoque a todos en el Congreso. Les pagamos nosotros.
