En un giro que expone la hipocresía de la izquierda madrileña, Más Madrid avala el desahucio del chalé de Mónica García. La formación que presume de defender al ciudadano de a pie ha votado a favor de contratar a un bufete de abogados para que el Ayuntamiento de Cercedilla luche contra los vecinos de la colonia de Camorritos, incluida su propia líder y actual ministra de Sanidad.
Este escándalo pone de manifiesto cómo las élites progresistas se amparan en privilegios mientras imponen normas que luego incumplen. La concesión administrativa de 99 años sobre estos terrenos públicos finalizó en 2019, convirtiendo las viviendas en ocupaciones irregulares sobre monte de utilidad pública. Sin embargo, ni Mónica García ni el resto de afectados han abandonado las propiedades, generando un conflicto que ya dura años y que ahora se recrudece.
Mónica García y la traición interna de Más Madrid
El pasado 29 de abril de 2026, en pleno municipal, la portavoz de Más Madrid en Cercedilla, Amaia Domingo —quien incluso hizo campaña con García en 2023—, dio su voto favorable a la contratación del bufete Cases & Lacambra. Este despacho defenderá al Consistorio, gobernado por una coalición de izquierdas (CIG, PSOE y Más Madrid), frente a las demandas de los alrededor de 600 afectados.
“Más Madrid avala el desahucio del chalé de Mónica García”, titularía cualquier medio honesto. La paradoja es brutal: el partido que acusa al PP y a Vox de “inhumanos” por defender la legalidad urbanística ahora empuja el desalojo de su líder. Fuentes locales consultadas confirman que el alcalde usó su voto de calidad para sacar adelante esta medida, dejando en evidencia las grietas de la alianza de izquierdas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento deja de ingresar unos 300.000 euros anuales en IBI, cantidad que podría ascender a 9-10 millones en una década. Los vecinos pagan las consecuencias de la inacción de quienes prometen soluciones desde despachos con vistas a la sierra.
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Un problema que arrastra ocho años de inacción
La colonia de Camorritos se construyó bajo una concesión caducada desde abril de 2019. En septiembre de 2024, la Comunidad de Madrid ordenó el desalojo de 90 chalés y 360 apartamentos para recuperar el monte público. Los afectados, entre ellos García, han recurrido judicialmente, pero el Consistorio avanza con abogados para ejecutar los desalojos y, en su caso, demoler las construcciones.
Mónica García lleva años presuntamente sin abonar el IBI correspondiente, ahorrándose miles de euros a costa del erario público. Este “problema administrativo”, como lo minimizan en su entorno, se ha convertido en un símbolo de la doble vara de medir de la izquierda: exigen a los demás lo que no cumplen ellos mismos.
La contratación del bufete por cinco años —cuando el litigio puede durar 10 o 15— evidencia improvisación y derroche. El propio abogado elegido había mantenido contactos previos con los vecinos, añadiendo más sombras al procedimiento.
Polémicas acumuladas: salario doble, bono social y chalé irregular
Mónica García no es ajena a las controversias que cuestionan su ética pública. En 2021, mientras estaba de baja por una fractura en el codo, parece que cobró un salario doble al solicitar dedicación exclusiva en la Asamblea de Madrid. Recibió 13.000 euros de más entre junio y noviembre, cantidad que luego devolvió a plazos tras orden de la Cámara. García lo atribuyó a un “error administrativo”.
Pero la lista continúa. En marzo de 2023, saltó la polémica cuando se descubrió que su familia, como numerosa, cobraba el bono social térmico (ayuda para calefacción destinada a vulnerables). García criticó duramente al número dos de Ayuso por recibir la misma ayuda y exigió su dimisión, pero reconoció su propio error: “Reconozco el error. No lo necesito. Voy a estudiar cómo devolverlo”, declaró. “La primera sorprendida soy yo. Es automático, no lo hemos pedido”, añadió, aunque su familia continuó beneficiándose posteriormente.
La izquierda contra la legalidad y el sentido común
Este caso no es aislado, sino la demostración palpable del fracaso de las políticas de izquierdas en materia de vivienda y ordenación territorial. Mientras Más Madrid y el PSOE atacan a gobiernos de Vox o PP por defender la propiedad privada y la ley, protegen a sus líderes en situaciones idénticas. La hipocresía alcanza niveles insoportables cuando la ministra de Sanidad, responsable de políticas que afectan a millones, no resuelve su propio “chalé irregular”.
Los madrileños merecen representantes que cumplan la ley, no que la eludan hasta que les conviene. Vox ha denunciado repetidamente estas irregularidades, exigiendo coherencia y el fin de los privilegios.
La izquierda madrileña, aliada con el sanchismo, sigue priorizando el amiguismo sobre el interés general. Este desahucio avalado por sus propios compañeros debería servir de lección: cuando la norma se aplica sin excepciones, hasta sus ídolos caen.
