La experiencia de las comunidades autónomas enseña algo que el electorado de centro-derecha suele preferir ignorar: el Partido Popular solo mueve ficha de verdad cuando tiene a Vox con fuerza suficiente para hacerle cumplir lo firmado.
No es una hipótesis
Es lo que está ocurriendo ahora mismo allí donde ambos gobiernan juntos, y lo que dejó de ocurrir en cuanto Vox salió de los ejecutivos.
En Andalucía el pacto se está ejecutando a rajatabla en materia fiscal. La Junta ha anunciado la rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF —0,25 puntos cada año en las rentas inferiores a 60.000 euros, hasta acumular un punto en la legislatura—, junto a deducciones nuevas por gafas y lentillas (15 %, tope de 150 euros, 245.000 beneficiarios), por nacimiento o adopción (de 500 a 1.500 euros, el doble si hay discapacidad), el aumento del 50 % en las de familias numerosas y la ampliación de los gastos educativos deducibles.
Se suma la bonificación del 99 % en Sucesiones entre hermanos para la vivienda habitual y la rebaja del ITP. Son la octava tanda de bajadas: las siete anteriores ahorraron unos 1.800 millones anuales a los andaluces; esta añade otros 300.
El documento de 150 medidas incluye además prioridad nacional en ayudas y prestaciones y frenos a la inmigración ilegal. El mismo patrón se repite en Extremadura, donde los presupuestos de 2027 incorporan la rebaja comprometida del IRPF y las reducciones del ITP para vivienda habitual de familias numerosas, monoparentales, jóvenes y personas con discapacidad, y donde Vox ya ha recortado subvenciones a entidades que facilitan la inmigración irregular. Esa disciplina no es cortesía.
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Santiago Abascal ha advertido a sus vicepresidentes que el acuerdo se cumple “al pie de la letra” o se abandona el gobierno.
No es retórica: en julio de 2024 Vox salió de los ejecutivos de Castilla y León, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, y retiró el apoyo en Baleares, precisamente porque el PP aceptó el reparto de menores migrantes no acompañados en contra de lo pactado. La amenaza es creíble porque ya se ejecutó.
De ahí la conclusión incómoda, pero real, para el votante del PP
Una mayoría absoluta popular, como la de Rajoy entre 2011 y 2015, no derogó el entramado legislativo de la etapa anterior ni alteró de forma sustancial las políticas de gasto, identidad o fronteras que la izquierda había dejado asentadas. Sin un socio que pueda romper el acuerdo y devolver al PP a la minoría, la inercia vuelve.
Quien quiera que las rebajas fiscales, la prioridad nacional y el control migratorio dejen de ser promesas de campaña y pasen a ser política hecha, tiene un incentivo claro: dar a Vox el peso parlamentario suficiente para que el cumplimiento no dependa de la buena voluntad del PP.
















