La acusación popular que encabeza Hazte Oír ha presentado un nuevo escrito de conclusiones provisionales en el que reclama 13 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por dos presuntos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias. De forma subsidiaria, la petición baja a diez años si se aprecia concurso medial. Para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, se solicitan seis años de cárcel por malversación en concepto de cooperadora necesaria. El documento, incluiría además la petición de que Pedro Sánchez declare como testigo “por su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto”.
Esta solicitud llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que inicialmente se le atribuían. En un primer momento la acusación popular pedía 24 años para Gómez y 22 para Álvarez. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, emplazó a las partes a presentar nuevos escritos adaptados a los límites fijados por la Audiencia de cara al juicio con jurado popular.
Hazte Oír sostiene que desde el nombramiento de Sánchez como presidente en junio de 2018 se produjo un “giro radical” en la trayectoria profesional de Gómez. Según el escrito, aumentó su proyección institucional y su capacidad de influencia ante la administración y sectores privados, así como el acceso a medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles o universitarios. En ese contexto se sitúa la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, formalizada el 30 de octubre de 2020, sin un proceso abierto y competitivo de selección académica equiparable al ordinario.
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La acusación detalla que la cátedra careció durante toda su existencia de equipo docente e investigador propio, no constituyó el grupo de expertos comprometido ni desarrolló actividad investigadora real. Considera que no fue una estructura académica, sino “un instrumento de captación de financiación y de medios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada”. Añade que, pese a que la dirección fuera aparentemente gratuita, le reportó prestigio reputacional, acceso a recursos y la integración de los másteres que codirigía, por los que sí percibía retribución.
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El uso de recursos públicos y la figura de la asesora
Hazte Oír denuncia que Gómez se prevalió de su posición privilegiada para recabar aportaciones económicas y de servicios de empresas, entre ellas Google o Human Age Institute/ManpowerGroup, con el fin de desarrollar un programa informático a un coste inferior al de mercado. La intención, según la acusación, fue desviar la propiedad y el control del producto final hacia su propio uso.
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En paralelo, se acusa a Gómez de utilizar “para fines privados” la fuerza de trabajo de Cristina Álvarez, empleada pública puesta de hecho a su disposición por razón de su posición institucional. El escrito relata que Álvarez realizó labores profesionales para el ámbito particular de la esposa del presidente: llamadas al rector de la UCM, acompañamiento a eventos académicos y mercantiles, y envío de correos electrónicos desde cuentas vinculadas a la Presidencia del Gobierno. “No se trató de actos aislados o de mera cortesía institucional, sino de una dedicación sistemática y continuada de la jornada laboral y de medios públicos de Álvarez al servicio de los intereses privados de Gómez”, concluye el documento.
La asociación ha solicitado más de un centenar de testificales. Además del presidente del Gobierno figuran el ministro Félix Bolaños, el empresario Víctor de Aldama y otros responsables institucionales y empresariales. Vox, que forma parte de la acusación popular, ha formulado las mismas peticiones de pena.
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La proyección institucional tras la llegada a Moncloa
El escrito de Hazte Oír insiste en que el cambio de trayectoria de Gómez fue concomitante a la llegada de su esposo al poder. En junio de 2018 pidió una excedencia en la empresa en la que trabajaba y, según la acusación, progresó en ese cambio profesional para acceder a círculos de poder e influencia. En agosto de ese mismo año fue nombrada directora del IE Africa Center y mantuvo la codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising de la UCM.
La Audiencia Provincial de Madrid ya había señalado en su resolución que “parece perfectamente verosímil sostener” que Gómez presuntamente “logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto”.
Este contexto de privilegio institucional es el que la acusación popular pretende dilucidar en el juicio con jurado. La petición de 13 años de prisión para Begoña Gómez se presenta como la consecuencia lógica de los hechos que, a su juicio, acreditarían un uso indebido de la posición pública en beneficio privado.
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El entorno del poder
La causa contra Begoña Gómez se ha convertido en uno de los episodios judiciales más relevantes del actual ciclo político. Mientras la acusación popular mantiene que existió un plan consciente de instrumentalizar la cátedra y los recursos de Moncloa, la defensa y la Fiscalía han sostenido en fases anteriores la ausencia de perjuicio patrimonial y de enriquecimiento ilícito. El escrito ahora presentado adapta las calificaciones a los delitos que permanecen vivos tras el archivo parcial y mantiene la exigencia de que el presidente del Gobierno explique el uso de la sede oficial como ámbito de relaciones del proyecto.
La solicitud de testificales amplias, que incluye a figuras del Ejecutivo y del entorno empresarial, pretende esclarecer si la proyección institucional de la esposa del presidente se tradujo en ventajas indebidas. El juicio con jurado popular, una vez se fijen las fechas, permitirá que los hechos sean valorados de forma pública y contradictoria. Hasta entonces, el escrito de la acusación popular deja claro que la petición de 13 años de prisión para Begoña Gómez y la comparecencia de Sánchez no son gestos simbólicos, sino el núcleo de una estrategia procesal que busca dilucidar el alcance real de la influencia ejercida desde la cúspide del poder.
