Por 37.000 el banco le quita su casa de 169.000

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Patricia, vecina de la reserva de las Lagunas de Villafáfila (Zamora), vive un drama personal y empresarial que refleja los abusos bancarios que sufren muchos autónomos y familias en España. Tras 17 años residiendo en su pueblo y criar sola a sus tres hijos tras la marcha del padre, esta locutora y promotora del turismo experiencial y la economía naranja decidió emprender un proyecto innovador: un alojamiento turístico con coworking y coliving que permitía a los visitantes combinar trabajo remoto con experiencias auténticas en el medio rural.

En 2011 solicitó un crédito a Caja España (posteriormente absorbida por CaixaBank) para poner en marcha el negocio. Tras la separación, quedó a cargo de las hipotecas y la crianza. En 2018 renegoció con CaixaBank, que le ofreció una cuenta de crédito de 25.000 € junto a la hipoteca, avalada con su vivienda y bienes. A pesar de pagar siempre religiosamente, incluso durante la pandemia (sin apenas ayudas), el banco le impuso seguros caros y, finalmente, exigió el pago inmediato de 15.000 € en 15 días cuando el alojamiento estaba cerrado por obligación.

Al no poder cumplir, el inmueble —tasado inicialmente en 169.000 € y después en 109.000 €— fue subastado por solo 37.000 € en primera subasta y adjudicado a una inmobiliaria del propio grupo CaixaBank. Patricia sigue debiendo parte de la deuda y tiene sus cuentas bloqueadas, lo que le impide trabajar como autónoma.

Esta madre coraje, premiada por sus buenas prácticas en turismo rural, denuncia el abuso de poder de la entidad, que presume de obra social y apoyo a la mujer rural mientras ejecuta proyectos de emprendedoras en dificultad. Con la ayuda del activista Luis Pineda, ha conseguido retrasar el desahucio previsto para febrero. Patricia pide una quita de la deuda y disculpas públicas por parte del banco.

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