Dos años después de la convalidación del Real Decreto-ley 5/2024, la Corporación RTVE sigue operando con los estatutos de RTVE sin renovar desde 2022, pese a que la reforma de la Ley 17/2006 impone su adaptación por jerarquía normativa. Fuentes del sector hablan de una «grave anomalía jurídica» y de un «auténtico fraude de ley», ya que el texto estatutario no refleja los cambios aprobados.
El desfase entre la ley y los estatutos de RTVE
Los estatutos de RTVE inscritos contemplan diez consejeros, frente a los quince que integran hoy el Consejo de Administración. Competencias que aquellos textos reservaban al órgano colegiado (aprobación de contratos audiovisuales iguales o superiores a dos millones de euros, organigrama y nombramientos o ceses de la alta dirección de primer nivel) son ahora, según el decretazo de 2024, monopolio exclusivo del presidente José Pablo López. El procedimiento de adaptación (iniciativa del Consejo o de la SEPI, acuerdo del Consejo de Ministros, Junta General e inscripción en el Registro Mercantil) no se ha iniciado.
La convalidación exprés en pleno de la dana
El Congreso convalidó la reforma el 30 de octubre de 2024, el mismo día en que se suspendió la sesión ordinaria de control al Gobierno por la dana en Valencia, que dejó al menos 233 fallecidos. La votación contó con el apoyo de PSOE, Sumar, PNV, Podemos, Bildu, ERC y Junts. Fuentes consultadas califican de «tremenda irregularidad» que la corporación funcione bajo un régimen estatutario que contradice la ley vigente y que concentra poderes en la presidencia sin el refrendo colegiado previsto.
El contraste con la celeridad de 2022
En otoño de 2022, tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero, el Gobierno modificó los estatutos en cuestión de días para otorgar poderes ejecutivos a la presidenta interina Elena Sánchez. Ahora, según las mismas fuentes, «cuando se trata de regularizar la mayor purga institucional y concentración de poder vivida en RTVE en décadas, ya no hay tanta prisa». El desfase no es cosmético: la realidad societaria y la norma reguladora permanecen desalineadas.
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