Un día después de fijar el adelanto de las elecciones el 29 de noviembre, Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprueba dos nuevos decretos de vivienda. Los llama «incorporaciones muy positivas» frente a los que decayeron el viernes y los deja en la Diputación Permanente.
Una votación que el presidente llama «de humanidad»
A las 12.37 del 6 de octubre ha dicho que «el Gobierno va a seguir gobernando» y que aquel rechazo «no era ideológico, sino de humanidad». También que «es imperioso intervenir el mercado de la vivienda» y que el Ejecutivo «no tira la toalla ni deja tirada a la gente». Convertir un revés del Pleno en cuestión moral, con las Cortes disueltas, no cambia el hecho: el PSOE espera ahora el aval de 69 diputados presididos por Francina Armengol.
Qué meten los nuevos decretos de vivienda para intentar seducir a la opinión pública
Hay una deducción de casi mil euros, un incentivo a los pequeños propietarios y 10.000 millones del ICO en préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la primera vivienda. Se anuncian 280 millones en avales a la construcción y 400 millones para vivienda social. Casa 47 adquiriría «miles de inmuebles» de la Seguridad Social. Quien esté al corriente de pago vería su contrato prorrogado dos años. Los pisos turísticos «deben tributar como lo que son, un negocio» y se limita la compra de los llamados «fondos buitre».
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Qué más dicen los decretos que no cuenta el PSOE
El RDL 26/2026, de 96 páginas y en vigor desde el 1 de octubre, suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con un régimen más duro si quien lanza es una entidad que compra inmuebles o carteras por debajo del valor de mercado. Hasta el 31 de diciembre de 2028 limita la compra de sociedades y fondos por debajo del 70 % de la tasación. Regula el alquiler de temporada (causa justificada, de 31 días a 12 meses) y el de habitaciones. Grava al 10 % el piso turístico de menos de 30 noches, baja al 4 % el IVA de la protegida permanente y abre préstamos ICO al 0 % de hasta el 20 % del precio, con tope de 50.000 euros. Prorroga dos años, a petición del inquilino, los contratos que venzan antes de finales de 2028 y topa la actualización hasta el 31 de diciembre de 2027: 0 % si la renta supera el índice y 2 % si no. El mismo texto arrastra medidas energéticas y de transporte ajenas a la vivienda.
El RDL 27/2026, de artículo único, modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pasados cinco años —siete si el arrendador es persona jurídica—, el contrato se prorroga por plazos iguales si nadie avisa: seis meses el propietario y dos el inquilino. Quien no renueve debe indemnizar con al menos doce mensualidades de una vivienda análoga, según el índice estatal, y nunca por debajo de una mensualidad por año vivido. No hay indemnización si el casero, persona física, necesita la casa para sí o familiares hasta el segundo grado, si el inquilino no la habitó más de seis meses en el último año, si tiene otra vivienda en el mismo municipio o si hay nuevo contrato. Es la norma que el PNV ya rechaza y la que hace inviable el segundo texto.
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Treinta días y el mismo pulso
Saldrán el 7 de octubre en el BOE y habrá 30 días para convalidarlos. Sánchez ha citado 33 leyes, 43 reales decretos y dos reformas constitucionales, «78 iniciativas» en algo más de tres años de minoría. Intervenir el mercado por decreto, al día siguiente del adelanto, no sustituye a una mayoría. Repetir el texto caído sigue siendo gobernar de espaldas al Pleno que ya dijo no.
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