Recursos anunciados en la presentación de la campaña 2026
El 21 de mayo de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para dar a conocer los detalles de la campaña de lucha contra los incendios forestales correspondiente a ese año. En su intervención destacó que, tras los incendios del verano de 2025, que afectaron a unas 355.000 hectáreas, se habían puesto en marcha medidas orientadas a reforzar la respuesta estatal.
Afirmó entonces que «hay todo un país preparado para actuar» y que se trataba del «mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios». Explicó que el Ejecutivo había trabajado en la mejora de los medios materiales, la coordinación entre administraciones y la concienciación ciudadana, frente a una amenaza que, según indicó, se veía agravada por el cambio climático y las temperaturas extremas registradas en los días previos.
Entre los recursos mencionados figuraba una flota de 15 aviones anfibios equipados con el nuevo kit apagafuegos destinado a las aeronaves A400M de Airbus. A esto se sumaban cuatro nuevos helicópteros Chinook y dos Cougar, que se incorporarían al Batallón de Helicópteros de Emergencias. También se hizo referencia a la llegada de drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento.
Sánchez señaló que el esfuerzo tendría continuidad con la incorporación prevista de siete nuevas aeronaves DHC-515 en el marco del Plan Industrial y Tecnológico de la Defensa. Además, se avanzó en la unificación de criterios entre administraciones, como la identificación de unidades de extinción, protocolos de uso de medios aéreos y actualización del índice de peligro de incendios forestales, incorporando datos sobre vegetación y suelo. En el ámbito de la concienciación, se mencionó un plan de formación en centros educativos que alcanzaría a 25.000 centros y ocho millones de estudiantes. Asimismo, se aludió a la implementación de un nuevo convenio para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, orientado a reforzar aspectos laborales y salariales.
El presidente subrayó la necesidad de unidad institucional, indicando que la respuesta frente al fuego se aborda desde la lealtad entre administraciones y sin distinciones competenciales o ideológicas. Reclamó un gran pacto nacional ante la emergencia climática y afirmó que todas las administraciones deben actuar en consecuencia, destacando que invertir en prevención contribuye a proteger vidas y espacios naturales.
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Situación de los medios aéreos y terrestres en el mes de julio
Dos meses después de aquella presentación, a finales de julio de 2026, los incendios forestales registrados en varias zonas del centro de la península, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, llevaron a la declaración de emergencia de interés nacional en esos territorios. Los focos se concentraban en los términos municipales de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo, entre otros.
Esta evolución motivó el desalojo o confinamiento de más de 60.000 personas. El Gobierno elevó la situación operativa a nivel 3 de emergencia nacional, lo que implica que el Estado asume el liderazgo de la respuesta bajo un sistema unificado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, indicó desde Cenicientos (Madrid) que se contaba con los medios necesarios y precisos, tanto aéreos como terrestres, y que la prioridad residía en la gestión coordinada de los recursos de las distintas administraciones.
En cuanto a los medios desplegados en ese momento, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contaba con 6 aviones anfibios operativos, de los supuestos 10 que se tienen, de los cuales cuatro se centraban en los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Ávila. Los 15 aviones anfibios anunciados en mayo, correspondientes a aeronaves militares A400M del Ejército del Aire, no se encontraban disponibles para las tareas de extinción al no haberse instalado todavía el kit antiincendios acordado con la compañía aeronáutica.
Algunas informaciones trasladadas por el propio Ejecutivo a las comunidades autónomas indicaban que la flota de hidroaviones disponibles era inferior a la anunciada, con al menos tres aparatos inactivos, y que se trataba de aeronaves con más de 40 años de servicio, lo que podía generar incidencias adicionales a las revisiones ordinarias. Las siete nuevas aeronaves DHC-515 anunciadas no habían sido entregadas y su incorporación se prevé de forma progresiva en los próximos años, sin disponibilidad completa antes de 2031.
Activación del mecanismo europeo de protección civil
Ante la evolución de los incendios, la Unidad Militar de Emergencias, dependiente del Ministerio de Defensa, propuso la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. El Gobierno formalizó la solicitud a Bruselas para contar con al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija que colaboraran en las labores de contención.
Grecia e Italia respondieron de forma favorable. Cada uno de estos países ofreció dos hidroaviones Canadair CL-415. La Comisión Europea confirmó el despliegue de estas cuatro aeronaves, junto con el servicio de imágenes por satélite Copernicus. Se preveía su llegada a España para incorporarse al dispositivo de emergencia.
Además de estos recursos, se registró la colaboración de diez comunidades autónomas que aportaron medios, así como el desplazamiento de más de 100 unidades del Ejército de Portugal orientadas a la provincia de Ávila. El presidente del Gobierno presidió reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para evaluar la situación y coordinar la respuesta.
En declaraciones posteriores, Sánchez indicó que los incendios de Madrid y Ávila pasarían a tratarse de forma unificada y que la prioridad residía en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y combatir las llamas. Señaló que la situación seguía siendo compleja debido a la incertidumbre sobre la dirección e intensidad de los vientos y la posibilidad de tormentas secas.
El operativo incluía también el establecimiento de líneas de defensa por parte de la UME para evitar que el fuego alcanzara zonas urbanas sensibles. Fuentes oficiales confirmaron que la petición a la Unión Europea se enmarcaba en el refuerzo de capacidades ante previsiones meteorológicas adversas y la necesidad de medios complementarios.
Hasta ese momento, las estimaciones de superficie afectada se situaban en torno a 10.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y entre 13.000 y 15.000 en la provincia de Ávila, según datos del Ministerio del Interior, aunque otras fuentes autonómicas elevaban ligeramente esas cifras. La respuesta se centraba en la coordinación de todos los recursos disponibles, tanto nacionales como los aportados por socios europeos.
