La iniciativa partió de Defensa y no prosperó en Moncloa
El Gobierno apostó por no internacionalizar la crisis de Ceuta y tratarla como un problema de ámbito local. Esa línea se aplicó tanto ante el Parlamento Europeo —donde el PSOE, según la misma información, trabajó para evitar una declaración conjunta sobre la ciudad autónoma— como ante la Alianza Atlántica tal y como recoge el medio The Objective en una información firmada por Pelayo Barro y Fran Serrato.
En los primeros días, el área asesora del Ministerio de Defensa planteó acudir a la OTAN invocando el artículo 4, aludiendo a una amenaza contra la integridad territorial de España, tal como la calificó inicialmente Pedro Sánchez. Esa vía habría obligado a una consulta entre los aliados. La propuesta se elevó a Moncloa y se descartó de plano. Tampoco contó con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En las primeras horas, Defensa —dirigido por Margarita Robles— y el gabinete de Sánchez coincidieron en describir lo ocurrido como una «violación de la integridad territorial de España». Esa coincidencia, según las fuentes citadas por el diario, duró poco.
El relato se modificó tras la visita presidencial
Pocos días después de la visita de Sánchez a Ceuta, con el presidente ya de vacaciones en La Mareta, los ministros de Exteriores e Interior empezaron a desvincular a Rabat de responsabilidad en los hechos. El 3 de agosto, José Manuel Albares subrayó en TVE los avisos y la colaboración marroquí para contener la situación y atribuyó lo sucedido a la «internacional reaccionaria». Al día siguiente, Fernando Grande-Marlaska destacó la cooperación de las fuerzas marroquíes tras una reunión de ministros de Interior de la UE.
Fuentes conocedoras de las reuniones técnicas de aquellos días indicaron a The Objective que Defensa percibió entonces que su tesis de un ataque híbrido por parte de una potencia extranjera había quedado descartada en Moncloa. Un indicio de ese giro fue que se llegó a poner sobre la mesa el contacto con la OTAN. La iniciativa nació en la Dirección General de Política de Defensa (Digenpol) y en Segenpol, Secretaría de la que depende, dirigida por un almirante de la Armada.
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Qué implica el artículo 4 y qué se dijo después
Esa opción consistía en activar el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que prevé consultas cuando, a juicio de cualquiera de las partes, esté amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un aliado. Polonia y Estonia lo usaron hace un año por incidentes en su espacio aéreo: una violación masiva con drones rusos en Polonia y un sobrevuelo de 12 minutos sobre Estonia por tres MiG-31. Antes, varios países del este de Europa lo emplearon tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.
Invocar ese precepto obliga a los 32 aliados a reunirse. No activa la defensa mutua ni implica una acción automática; de la reunión puede salir un pronunciamiento, apoyo diplomático o respaldo logístico.
Las mismas fuentes señalan que la propuesta se trasladó a Moncloa y a Exteriores en los primeros días y que el Gobierno la rechazó cuando dejó de hablar de violación de la integridad territorial. El representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina, manifestó el jueves su convicción de que los aliados auxiliarían a España si se invocara el artículo 5, que contempla un ataque armado como agresión contra todos. En unos diálogos de seguridad en el Ceseden organizados por El País, reconoció que resulta difícil pensar que no exista un «componente de guerra híbrida» en la entrada masiva de inmigrantes.
El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución —con la oposición de gran parte de los socialistas— que considera lo ocurrido en Ceuta una invasión. Un día antes, Ursula von der Leyen planteó un mecanismo europeo de reacción conjunta similar al artículo 4, sin Estados Unidos, ante ataques híbridos que amenacen la seguridad comunitaria.
