La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla otorgó este martes la licencia de obras a la Fundación Mezquita de Sevilla para construir un complejo en el Polígono Sur. El proyecto, presentado como centro cultural y social con un espacio de culto “coadyuvante”, ha generado una crisis política de primer orden. Sin embargo, el grupo municipal que sostiene los presupuestos del alcalde José Luis Sanz ha optado por no retirar de forma inmediata su apoyo. Fuentes de la formación han confirmado que Vox ha pospuesto su decisión hasta el mes de septiembre, condicionando cualquier movimiento definitivo al resultado del recurso de alzada que presentarán este mismo miércoles.
El regidor popular ha defendido con firmeza la legalidad del expediente. Ha asegurado que el proyecto cumple todas las normas urbanísticas y que denegar el permiso equivaldría a prevaricar. “La ideología no puede estar por encima de la legalidad”, ha reiterado. Los informes técnicos municipales respaldan que el uso es compatible con la calificación de la parcela. Frente a esta postura, desde el grupo que lidera Santiago Abascal se insiste en que el uso principal será religioso y que el solar no reúne las condiciones exigidas por el Plan General de Ordenación Urbanística. Esa discrepancia no ha bastado, de momento, para romper el acuerdo presupuestario.

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El apoyo se mantiene en suspenso mientras se presenta el recurso de alzada
La formación de Abascal ha anunciado que interpondrá un recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo. En él solicitará la revocación de la licencia y la adopción de medidas cautelares que impidan el inicio de cualquier actuación urbanística en el solar. “En septiembre tendrán otra oportunidad”, han señalado fuentes del partido, en referencia a la resolución que deberá adoptar entonces el órgano municipal.
No se ha producido una ruptura formal del pacto. Se ha desconvocado la reunión de seguimiento del acuerdo prevista para el pasado miércoles y se ha declarado que la confianza está rota, pero el apoyo a los presupuestos se mantiene vigente por ahora. Esta decisión deja claro que, pese a la licencia ya concedida, no retira de inmediato el sustento político al gobierno de José Luis Sanz.
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La principal argumentación jurídica gira en torno a la calificación del uso. Los promotores lo definen como centro cultural y social en el que el culto es accesorio. Desde el grupo municipal se sostiene que se trata de una mezquita encubierta que debería ubicarse en suelo destinado a uso religioso. También se critica la celeridad con la que el expediente ha sido tramitado desde su presentación el 4 de octubre de 2025 e incorporación a la oficina aceleradora de proyectos.

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Los vecinos del Polígono Sur rechazan convertir el proyecto en un conflicto identitario
Mientras la batalla política se libra en el Ayuntamiento, las entidades vecinales del barrio han tomado distancia del enfrentamiento. La plataforma También Somos Sevilla, una de las principales asociaciones de la zona, ha rechazado que la futura instalación suponga un problema de convivencia. Sus portavoces recuerdan que el Polígono Sur lleva años acogiendo personas de distintas orígenes, ideologías y creencias sin que las diferencias religiosas hayan sido el origen de los graves problemas de seguridad que padecen.
Según esta plataforma, los verdaderos males del barrio son la persistencia de la pobreza y la exclusión, el paro, el empleo precario, el absentismo escolar, la desestructuración familiar y la falta de compromiso de las administraciones. Reclaman que el debate público se centre en esas carencias estructurales en lugar de convertirlo en un choque identitario.
Pese a ese posicionamiento, desde la formación que se opone al proyecto se afirma que existe un sector significativo de vecinos contrario a la construcción y que se han producido movilizaciones. Su argumento de fondo es que levantar un centro de estas características en un barrio con tantas desigualdades puede contribuir a un proceso de islamización, independientemente de la calificación urbanística final de la parcela.
Sanz se escuda en la legalidad técnica mientras el PP prioriza la gestión sobre las preocupaciones ciudadanas
El alcalde José Luis Sanz ha reiterado que el proyecto cumple todas las normas y que no otorgar la licencia sería incumplir la ley. Ha subrayado que no lo ha hecho ni lo hará nunca. Esta postura coloca al gobierno municipal en una posición delicada: por un lado, se ampara en los informes técnicos; por otro, se enfrenta a la pérdida de confianza de quienes le han permitido gobernar en minoría.
La decisión de no retirar de inmediato el apoyo y de posponer la decisión hasta septiembre deja el escenario abierto hasta después del verano. Si en esa fecha la Gerencia de Urbanismo confirma la licencia y desestima el recurso, la presión sobre el pacto aumentará de forma considerable. Mientras tanto, el barrio del Polígono Sur permanece a la espera de que las administraciones aborden de una vez las carencias reales que arrastra desde hace décadas, más allá de la polémica sobre el uso de un solar privado.
La controversia pone de manifiesto, una vez más, las contradicciones de un Partido Popular que, cuando llega al poder local, prioriza la literalidad técnica por encima de las preocupaciones de amplios sectores de la ciudadanía sobre el modelo de ciudad y de integración. La izquierda, por su parte, ha preferido centrarse en la defensa abstracta de la diversidad sin atender a las demandas concretas de seguridad y empleo que plantean los vecinos.








