El pasado sábado 31 de octubre se vivieron momentos de tensión en el céntrico Cantón de Molíns de Ferrol durante un acto electoral de Vox. Miembros de Galiza Nova, las juventudes del BNG, convocaron una concentración “antifascista” en el mismo lugar y con media hora de antelación con el objetivo declarado de frenarlo. La formación comunicó el evento “en tiempo y forma” y pidió “expresamente” la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se limitaron a establecer un cordón de separación. Días antes ya se habían registrado altercados en La Coruña. Tras lo ocurrido, Vox ha presentado una querella ante los juzgados de Ferrol contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por la presunta falta de protección policial del acto.
Tensión en el Cantón de Molíns
Un día antes de la mesa informativa en la que participaba Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Galiza Nova y otros colectivos convocaron la protesta en el mismo punto. Según el comunicado del partido, “la Delegación lo sabía y conocía lo ocurrido días antes en La Coruña”; aun así, “no prohibió la contramanifestación ni cambió su lugar u horario”, como le permite el artículo 10 de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, “ni garantizó que el acto se desarrollara con normalidad”.
Vox considera que no se trata de un caso aislado. “La falta de actuación” de las delegaciones del Gobierno ante “el acoso” a sus actos se repite “de La Coruña a Mahón, Avilés o Zamora”, donde “delegaciones del Gobierno que conocen el riesgo están permitiendo la protesta junto al acto” y “no adoptan medidas eficaces para proteger un acto electoral”.
La querella de Vox y los delitos que se imputan
La querella se dirigiría contra Pedro Blanco y los responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en La Coruña. Imputa al delegado un delito electoral, un delito contra los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal en comisión por omisión y un delito de prevaricación administrativa. A los promotores de la contramanifestación les atribuye un delito de odio y uno contra el derecho de reunión, además de las lesiones y daños que resulten (aunque los altercados se saldaron sin incidentes graves). También exige responsabilidad penal como personas jurídicas para Galiza Nova y las asociaciones convocantes.
Un patrón que se repite bajo el Gobierno de Sánchez
El partido responsabiliza “al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Grande-Marlaska de que los actos de Vox no puedan celebrarse con normalidad”. La misma falta de protección policial se ha denunciado ya en otras ciudades, lo que lleva a Vox a acudir a los tribunales de forma reiterada. La pasividad de Interior, según el escrito, permite que colectivos de la extrema izquierda y del nacionalismo gallego intenten boicotear actos electorales previamente comunicados.
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