El Tribunal Supremo confirma la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones de Almeida en Madrid
El Supremo da la razón a la sentencia que tumbó la delimitación de las ZBE
El Tribunal Supremo ha decidido no admitir el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló varios artículos clave de la ordenanza municipal relacionados con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Esta decisión judicial, recogida en un auto firme e inapelable, cierra definitivamente la vía del recurso municipal y consolida la anulación previa dictada en septiembre de 2024. La sentencia del TSJM había estimado parcialmente el recurso interpuesto por Vox contra el acuerdo plenario de septiembre de 2021, que modificaba la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Los magistrados consideraron que existía una insuficiencia notable en el informe de impacto económico elaborado durante la tramitación de la norma. Según el tribunal, no se había realizado una evaluación adecuada de las consecuencias económicas que las restricciones a la circulación suponían para los ciudadanos y las empresas. Los jueces destacaron que la Administración municipal debió ponderar de forma equilibrada los posibles beneficios ambientales frente a los costes reales impuestos a los madrileños. Además, se cuestionó si se habían explorado medidas menos restrictivas que pudieran lograr objetivos similares sin afectar tanto la libertad de movimiento y la economía de los residentes. También se señalaron deficiencias en el informe de impacto ambiental que acompañaba la ordenanza. Esta resolución judicial pone de manifiesto cómo las Zonas de Bajas Emisiones se implementaron sin un análisis riguroso que justificara las limitaciones impuestas. Para muchos madrileños, estas medidas representaban más un mecanismo de control y recaudación que una política ambiental efectiva y proporcional. La falta de una justificación sólida en los estudios previos reforzaba la percepción de que las restricciones respondían más a objetivos recaudatorios que a una verdadera preocupación por la calidad del aire. El Alto Tribunal rechazó el recurso del Ayuntamiento al entender que este no presentaba un interés casacional suficiente. Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo indicaron que el recurso se limitaba básicamente a discrepar del análisis detallado que el TSJM había realizado sobre el informe económico y la memoria de impacto normativo. Cuestiones de valoración de pruebas y hechos concretos, que no corresponden al ámbito de la casación, dominaban las alegaciones municipales. De esta forma, el Supremo ha ratificado que la anulación de los artículos relativos a la delimitación y funcionamiento de las ZBE se mantiene firme. Esta decisión representa un revés importante para la estrategia del equipo de gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida, quien había defendido con insistencia estas zonas como parte de su modelo de movilidad.
La nueva ordenanza de Movilidad busca superar la anulación judicial
Tras la aprobación de una nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible en el Pleno municipal del pasado mes de marzo, el Ayuntamiento sostiene que la sentencia del Supremo queda sin efecto práctico. La norma se aprobó con los votos exclusivos del Partido Popular, frente al rechazo unánime de la oposición. Si el PP es el que respeta las decisiones judiciales, también es el que prevé que cuando el TS no se pliega a su voluntad, se adelanta con otra norma que la supla contra la que habría que volver a empezar el paseo judicial. Esta nueva ordenanza consolida las Zonas de Bajas Emisiones en su estructura general, aunque introduce modificaciones y ampliaciones en otros aspectos de la movilidad. Entre las novedades destaca la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en aproximadamente 60.000 plazas adicionales, extendiéndose a más barrios y distritos. El gobierno municipal defiende esta medida como una herramienta para proteger a los residentes ante la alta demanda de aparcamiento provocada por actividades comerciales, turísticas y de ocio. Además, se incorpora la posibilidad de extender el horario del SER más allá de las 21 horas en días laborables y desde las 15 horas los sábados, e incluso en domingos y festivos, cuando exista una situación justificada de alta presión sobre el estacionamiento. La Junta de Gobierno podrá acordar estas extensiones temporales mientras persista la demanda extraordinaria. Otra novedad es la autorización temporal para que circulen vehículos de etiqueta A empadronados en Madrid, siempre que se cumplan los límites de dióxido de nitrógeno (NO₂) establecidos en la directiva europea de calidad del aire. Esta medida pretende mitigar el impacto de las restricciones sobre los residentes mientras se avanza en la mejora de la calidad atmosférica. El proceso de aprobación de la nueva ordenanza no estuvo exento de polémica. Se presentaron 110 alegaciones, dos enmiendas a la totalidad por parte de Más Madrid y Vox, y seis enmiendas parciales del PSOE. A pesar de contar con mayoría absoluta, el PP sacó adelante el texto en solitario. Esta nueva versión llega año y medio después de que el TSJM anulara parcialmente la ordenanza original de 2021. En aquella ocasión, el equipo de Almeida, entonces en coalición con Ciudadanos, logró aprobar la norma gracias al apoyo de los cuatro ediles del Grupo Mixto (escindidos de Más Madrid). La aprobación se produjo a contrarreloj, apenas dos días antes de que Madrid Central quedara sin cobertura legal, lo que podría haber obligado al Ayuntamiento a devolver multas impuestas. El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha señalado que en la nueva tramitación se ha elaborado un informe económico más detallado a través de la empresa pública Ineco, con el objetivo de subsanar las deficiencias detectadas por los tribunales. Sin embargo, la ampliación del SER y el mantenimiento de las restricciones en las ZBE continúan generando críticas. Para sectores de la oposición y muchos ciudadanos afectados, estas políticas siguen priorizando la recaudación y el control sobre la libertad de movimiento, sin demostrar de forma concluyente que contribuyan de manera significativa a mejorar la calidad del aire de forma proporcional y justificada. La zona de Moratalaz, por ejemplo, quedará excluida de la ampliación del SER, según lo previsto en el nuevo texto.
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Vox celebra la decisión judicial como un triunfo frente a políticas restrictivas
La portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha valorado positivamente el auto del Tribunal Supremo. En declaraciones a medios, ha calificado la decisión como un “triunfo del sentido común” frente a lo que considera un “fanatismo climático” impulsado desde postulados como la Agenda 2030. Cabello ha afirmado que la sentencia desmonta una ordenanza que, en su opinión, vulneraba derechos de los ciudadanos al imponer restricciones sin una base suficientemente justificada. Ha señalado que la firmeza de esta resolución supone un nuevo revés para la forma de gobernar del alcalde Almeida, en la que la Administración municipal habría pisoteado repetidamente los derechos de los madrileños. “VOX seguirá defendiendo a los vecinos de Madrid”, concluyó la portavoz. Esta posición de Vox se enmarca en su crítica histórica a las Zonas de Bajas Emisiones, que desde el principio denunciaron como una medida ideológica más que ambiental, diseñada para restringir la movilidad privada y generar ingresos a través de multas, sin un análisis riguroso de sus efectos reales sobre la contaminación.
Contexto más amplio: promesas electorales y realidad de las restricciones
La gestión de las ZBE por parte del equipo de Almeida ha estado marcada por la controversia desde sus inicios. Durante la campaña electoral que le llevó a la alcaldía, Almeida se presentó como una alternativa a las políticas restrictivas de su predecesor, criticando duramente las limitaciones a la circulación en el centro de la ciudad. Muchos madrileños votaron por él con la expectativa de que suavizaría o eliminaría estas medidas que percibían como un ataque a su libertad y a su economía diaria. Sin embargo, una vez en el poder, el gobierno municipal no solo mantuvo las Zonas de Bajas Emisiones, sino que las consolidó y amplió en varios aspectos a través de la ordenanza de 2021. Esta aparente contradicción entre las promesas electorales y la acción de gobierno ha sido interpretada por críticos como una gran mentira similar a las estrategias que otros líderes políticos han utilizado para conseguir votos: prometer una cosa y hacer exactamente la contraria una vez alcanzado el cargo. Las Zonas de Bajas Emisiones se convirtieron, para muchos afectados, en un auténtico robo al ciudadano. Las multas por circular en zonas restringidas representaban una fuente de ingresos importante para las arcas municipales, mientras que los conductores, especialmente aquellos con vehículos más antiguos o de gama media, veían cómo se limitaba su derecho a moverse libremente por la ciudad donde residen y trabajan. Todo ello bajo el argumento ambiental, pero sin que los informes económicos demostraran una ponderación adecuada entre costes y beneficios. La anulación judicial y la posterior confirmación del Supremo ponen en evidencia estas deficiencias. Lejos de ser una política basada en datos sólidos y proporcional, las ZBE aparecían como una herramienta recaudatoria disfrazada de preocupación ecológica. Los ciudadanos de barrios periféricos, autónomos, familias con un solo vehículo y pequeños comerciantes han sido los principales perjudicados por unas restricciones que, según los tribunales, no contaban con la justificación técnica suficiente. Aunque el Ayuntamiento intenta ahora reconducir la situación con una nueva ordenanza, la decisión del Supremo deja claro que las formas de imponer estas limitaciones deben cambiar. La percepción ciudadana de que las ZBE eran más un negocio que una solución real al problema de la contaminación sigue muy presente. En definitiva, este capítulo judicial refuerza la idea de que las políticas de movilidad deben basarse en análisis exhaustivos, respeto a los derechos individuales y una verdadera evaluación de su impacto económico y social, en lugar de responder a agendas ideológicas o intereses recaudatorios. Pero parece que el PP de Madrid no está por la labor y persigue como sea la agenda y el expolio de todo aquél que ose cruzar Madrid. Gracias a sacar los cuartos a los madrileños, La Tierra estará más limpia y será respirable. Aunque Madrid no represente si el 0,01% de la contaminación, pagar más contamina siempre menos...
