Acusaciones de Aldama contra la constructora corroboradas por anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que mantenga cerrada la querella del presidente de Grupo Azvi contra Víctor de Aldama. En un escrito firmado por Alejandro Luzón, el Ministerio Público sostiene que las acusaciones sobre mordidas por contratos del Gobierno no son una invención interesada: están «corroboradas por otros elementos probatorios» recabados de forma independiente.

Azvi quiere demandar y el fiscal se lo impide

Manuel Contreras Caro, presidente de Azvi, reclama licencia para querellarse por injurias y calumnias. Aldama atribuyó a Contreras y a la constructora el pago de una cantidad a cambio de una obra pública, en instrucción, en su escrito de defensa y en el juicio. Un auto de 10 de febrero de 2025 ya denegó esa licencia. Contreras insiste ahora en que esos hechos no han sido objeto de acusación. Luzón responde que la declaración se produjo en el ejercicio del derecho de defensa y que «en modo alguno» la prueba del juicio oral permite concluir que esa manifestación sea falsa.

Las mordidas por contratos del Gobierno siguen en la Audiencia Nacional

El fiscal precisa que la presunta comisión por obra pública, tras su paso inicial por la causa especial del exministro José Luis Ábalos, se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Contreras no figura de momento como investigado. Con «la provisionalidad propia de la actual fase de instrucción», las palabras de Aldama habrían encontrado eco en otras pruebas. El escrito pide confirmar la providencia recurrida. Azvi, de momento, no puede querellarse.

La colaboración no cierra el mapa de la trama

Ese respaldo se encuadra en la colaboración de Aldama, a quien Anticorrupción llegó a pedir siete años con atenuante de confesión. El empresario ha extendido su relato a otros frentes de la trama que salpicó al Gobierno socialista y a presuntas presiones en operaciones como Plus Ultra, según su propia versión ante el juez. Mientras el Ejecutivo presenta cada pieza como un caso aislado, la investigación de las comisiones en obra pública permanece abierta. No hay condena contra Azvi. Hay un fiscal que se niega a tratar de calumnia lo que la instrucción sigue examinando.

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