El Tribunal de Cuentas ha cerrado la revisión de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad (Pecata) concedidas durante la pandemia y ha detectado que 105.916 trabajadores autónomos percibieron 127 millones de euros de presunta forma indebida. Según el organismo, de esa cantidad las mutuas ya han recuperado 71,3 millones y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) otros 48,4. Además, la TGSS reclama 41,6 millones en cotizaciones indebidamente exoneradas a 53.487 personas, de los que ha recuperado 41,2. La devolución de las ayudas llega años después de que el Ejecutivo social pusiera en marcha un sistema basado en declaración responsable para agilizar los pagos a cerca de 1,45 millones de beneficiarios, con un total abonado de 3.614 millones de euros más 1.458 millones en exoneraciones.
Casi 1,4 millones de beneficiarios definitivos tras la revisión
El informe complementario del Tribunal de Cuentas, publicado el 30 de octubre de 2026, confirmaría que se reconocieron de forma definitiva 1,4 millones de beneficiarios (el 97,35 % de las resoluciones provisionales) y se denegaron 39.447 prestaciones. En 2023 el mismo órgano ya habría señalado presuntos pagos indebidos a unos 281.000 autónomos por más de 500 millones. La urgencia de marzo de 2020 llevó presuntamente a conceder las ayudas a quienes estaban de alta el 14 de marzo, con actividad suspendida o facturación reducida al menos un 75 %, sin verificación inmediata de toda la documentación.
Desigualdades de trato que persisten en la devolución de las ayudas covid
El Tribunal constataría que seguirían existiendo situaciones de desigualdad de trato entre beneficiarios por la aplicación de criterios distintos por parte de las mutuas, sobre todo en el cálculo de la base reguladora y en las incompatibilidades con otras prestaciones. También se observarían diferencias en la presunción de reducción de facturación según el momento en que se resolvió la solicitud. Entre las irregularidades que persistieron figuran 24 casos sin alta al declararse el estado de alarma, 523 sin alta continuada, 771 con cotizaciones pendientes y 8.190 con errores en la base reguladora, además de cobros incompatibles con jubilación, incapacidad temporal o nacimiento y cuidado del menor.
Un sistema de emergencia que ahora se corrige sobre los autónomos
La revisión reabre el debate sobre el equilibrio entre rapidez y control en una emergencia. Las ayudas cumplieron su función de sostén, pero su verificación tardía evidencia las tensiones del modelo excepcional diseñado por el Gobierno. Como señala el Tribunal de Cuentas en su nota oficial: «se ha generado una deuda de 127 millones de euros por prestaciones indebidamente abonadas a 105.916 personas beneficiarias». Mientras el Ejecutivo de lo social presume de protección, miles de autónomos que ya atravesaron la crisis sanitaria se enfrentan ahora a reclamaciones de devolución.
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