La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa un sobrecoste en el AVE a Extremadura que elevó en casi 4,4 millones de euros el precio de una obra ferroviaria en el acceso a Mérida. El contrato, adjudicado a una UTE en la que participa Azvi, figuraría entre los expedientes cuya documentación ha reclamado la Audiencia Nacional en el marco de las diligencias del caso Koldo.
La UCO reclama el expediente del acceso a Mérida
El 5 de noviembre de 2026 agentes de la UCO se personaron en la sede de ADIF Alta Velocidad en Madrid para cumplir un mandamiento judicial del día anterior y obtener una copia digitalizada del expediente 3.18/20830.0279. Se trata del contrato de construcción de la plataforma ferroviaria entre San Rafael y Cuarto de la Jara, adjudicado presuntamente a la unión temporal integrada por Construcciones Sevilla Nevado y Azvi. Esta última compañía aparecería vinculada al entorno empresarial investigado en el caso Koldo.
Un incremento del 15,6 % aprobado en agosto de 2022
Durante la ejecución, ADIF habría aprobado el 8 de agosto de 2022 una modificación que habría elevado el importe en 4.398.576,04 euros (impuestos incluidos). El presupuesto pasaría de los 28,27 millones iniciales a 32,66 millones, lo que supondría un encarecimiento del 15,6 %. La entidad habría justificado el cambio por la aparición de «circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever», sin detallar presuntamente en el anuncio de la Plataforma de Contratación cuáles fueron esas circunstancias ni las unidades de obra adicionales. El sobrecoste en el AVE a Extremadura queda ahora a disposición de la autoridad judicial en el marco de unas diligencias previas por un presunto delito de estafa y de una pieza separada declarada secreta.
Azvi, Koldo García y el foco de la investigación
Azvi volvió a situarse bajo el foco judicial en 2023 tras contratar presuntamente como asesores a Koldo García y a su esposa a través de la consultora Erikapat, con un salario mensual de 6.000 euros y primas de éxito de hasta 350.000 euros por proyecto, una relación que la Fiscalía Anticorrupción considera sospechosa. El contrato se habría rescindido el 27 de febrero de 2024. La investigación policial situaría a Cristian Abel Corvillo en un entramado que, presuntamente, habría aprovechado su capacidad de influencia para favorecer contrataciones públicas. El informe también recogería una transferencia de 65.000 euros ordenada presuntamente por una sociedad portuguesa a Andrea de la Torre, pareja del exministro José Luis Ábalos, aunque no establecería que ese dinero procediese del contrato de Mérida ni vincula directamente la modificación de 4,3 millones con aquella operación.
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