JUPOL y el SUP han coincidido en rechazar tanto la prohibición como la apertura de investigaciones internas sobre las actuaciones del 11N, al tiempo que reclaman respaldo institucional. Fuentes de estos sindicatos insisten en que el uso de la fuerza sigue sujeto a los principios de necesidad, congruencia y proporcionalidad.
El contraste con el protocolo que Interior validó en octubre
La orden de Grande-Marlaska contrasta con el protocolo aprobado el 19 de octubre por la Dirección General de la Policía, que ampliaba el uso de sprays de defensa (modelos Rass Stream 88 MK3 y MK9) precisamente por el incremento de la violencia callejera y de las agresiones a agentes. El documento justificaba la extensión de estos medios no letales ante un escenario de mayor conflictividad. La retirada del gas lacrimógeno, impulsada tras las presiones de socios del Ejecutivo, deja ahora a las unidades de orden público con menos opciones intermedias, según denuncian los propios mandos y sindicatos.
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