La venta del ático de Chamberí no es un gesto de generosidad ni de gestión eficaz. Es la consecuencia directa de una polémica que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha sabido gestionar. Este jueves, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, anunció desde San Martín de Valdeiglesias que se ha ordenado a Planifica Madrid poner a la venta ese inmueble y otros cuatro situados en Gran Vía, valorados en su conjunto en unos 20 millones de euros. El dinero, según la versión oficial, servirá para “ayudar en la reconstrucción” tras el incendio de la Sierra Oeste.
Solo un día antes, la propia Ayuso tuvo que salir a desmentir de forma enfática que el ático hubiera sido adquirido para su uso personal. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no le han comprado a Ayuso nada”, declaró en rueda de prensa. Enmarcó la operación en una reforma “integral” de la Real Casa de Correos y denunció una “campaña de desprestigio”.
La secuencia es transparente: primero se compra un inmueble que genera sospechas, después se niega cualquier beneficio personal en medio de una catástrofe, y finalmente se anuncia la venta como si fuera un acto de solidaridad. Quienes gestionan la Comunidad de Madrid convierten ahora el problema en una operación de imagen. Ni la izquierda ni el centrismo popular salen bien parados cuando anteponen el cálculo político a la gestión real de una emergencia.
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En un momento en el que miles de ciudadanos de la Sierra Oeste han perdido viviendas y propiedades, el Ejecutivo madrileño dedica energías a gestionar su propia narrativa. La venta del ático de Chamberí se presenta como solución, pero llega después de que la polémica hubiera ocupado el centro del debate precisamente cuando debían centrarse en los afectados.
Negaciones y campañas en plena catástrofe
Ayuso lamentó tener que gestionar “una emergencia así” y al mismo tiempo defenderse de “pretensas campañas de desprestigio” cuyo objetivo, según su versión, era echar a la opinión pública encima de su persona mientras la gente “ha perdido sus casas y sus propiedades”. Añadió que no tendrá residencia oficial como tantos ministros y presidentes de otras comunidades, y que quizás esa decisión le hubiera evitado muchas de estas campañas.
El problema no es solo el tono defensivo. Es el momento elegido. En plena crisis de incendios, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ve obligada a explicar que un ático adquirido por una empresa pública no es para ella. Esa necesidad de justificación ya es un fracaso de comunicación y de gestión. Si la compra era tan clara y legítima como se sostiene, no debería haber generado la necesidad de una comparecencia de desmentido en el peor momento posible.
La izquierda aprovechará la secuencia para atacar, pero el centrismo que dirige la región tampoco puede escudarse en las críticas ajenas. Cuando un Gobierno autonómico compra un inmueble que genera sospechas y después lo pone a la venta precipitadamente, el problema no es solo externo. Es de falta de previsión y de sensibilidad hacia la opinión pública en un contexto de emergencia.
Imagen por encima de la reconstrucción real
La versión oficial insiste en que los fondos de la venta ampliarán el presupuesto de reconstrucción. García Martín lo anunció desde uno de los municipios más afectados, en un intento de vincular la medida con la solidaridad hacia las víctimas.
Sin embargo, la decisión llega después de que la polémica hubiera desviado la atención de lo esencial. Mientras se discutía el uso del ático, las necesidades de los damnificados seguían ahí. Convertir ahora la liquidación del inmueble en un gesto solidario no borra el hecho de que se haya tenido que llegar a este punto. La reforma de la Real Casa de Correos, los daños estructurales y la reestructuración de inmuebles se convierten en argumentos a posteriori cuando la presión mediática obliga a actuar.
Ni el Gobierno central ni las fuerzas de izquierda han demostrado mayor eficacia en la gestión de emergencias, pero eso no exonera a quienes dirigen la Comunidad de Madrid. La venta del ático de Chamberí cierra una polémica de la peor manera posible: reconociendo, con hechos, que el inmueble se había convertido en un problema de imagen que había que eliminar. Los afectados de la Sierra Oeste merecen reconstrucción real, no operaciones de maquillaje político.
