La provincia de Castellón vive horas de máxima tensión por la desaparición de un agresor sexual múltiple al que las autoridades consideran un sujeto potencialmente peligroso. Este caso no solo genera alarma social, sino que expone las grietas de un sistema judicial que prioriza la “reinserción” sobre la protección real de las mujeres y la sociedad.
El fugitivo que burló todos los controles
Las fuerzas de seguridad buscan activamente a Vicente L. G., un castellonense de 45 años con un largo historial de condenas por agresiones sexuales y coacciones. Recientemente sentenciado a ocho años de prisión, el hombre se quitó la pulsera telemática de localización el día después de conocer la pena y no se presentó para ingresar en prisión. Desde entonces, su rastro se perdió por completo. La Policía Nacional ha movilizado efectivos y SOS Desaparecidos ha difundido la alerta. “Se trata de un agresor sexual múltiple al que las autoridades lo consideran como un sujeto potencialmente peligroso”, señalan las fuentes consultadas. Estos detalles revelan que el dispositivo destinado a garantizar el control resultó inútil. El último desprecio del Gobierno: mujeres maltratadas en peligro . Un detalle relevante del caso es que Vicente se cambió el género en el DNI. Según las informaciones, se habría realizado con la presunta intención de que no se le pudiera juzgar por violencia machista en sus causas pendientes.
Un sistema judicial laxo que pone en riesgo a las víctimas
Este episodio no es una excepción, sino la consecuencia directa de políticas de izquierdas que han debilitado la respuesta penal contra la delincuencia sexual. Leyes impulsadas por PSOE y sus socios, como la conocida como “solo sí es sí”, han provocado rebajas de condenas a agresores reincidentes, priorizando derechos del delincuente sobre la seguridad ciudadana. Las pulseras telemáticas, presentadas como solución moderna, demuestran su fracaso cuando un condenado puede desprenderse de ellas sin consecuencias inmediatas. Mientras PP y PSOE debaten con tibieza, las mujeres castellonenses pagan el precio de esta ineficacia.
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