El alcalde socialista de Mataró, David Bote, habría mostrado su indignación tras conocer que el Ayuntamiento de Baños de Montemayor (Cáceres) presuntamente asumió el traslado de okupas hasta su municipio en taxi y con cinco días de alojamiento pagados. La operación se habría realizado sin aviso previo al consistorio catalán y ha reabierto el debate sobre una legislación que dificulta los desalojos inmediatos.
El origen del conflicto y el traslado de ocupas
En Baños de Montemayor, un pueblo de unos 700 habitantes, una familia formada por un matrimonio y dos menores se habría negado a abandonar los apartamentos turísticos La Plazuela una vez finalizada su reserva, que comenzó el 30 de septiembre y debía concluir hacia el 7 de octubre. Alegaron un contrato de siete años que los propietarios presuntamente rechazaron. Tras doce días de tensión vecinal, caceroladas e intervención de la Guardia Civil y de una empresa privada, abandonaron el inmueble el 20 de octubre. La alcaldesa Nieves del Vado (PP) reconoció presuntamente que el Ayuntamiento pagó el taxi hasta Mataró —destino elegido por los propios ocupantes, que afirmaron tener familiares allí— y el alojamiento durante cinco días con cargo a una partida de contingencias. Rechazaron una petición adicional de unos 1.000 euros para manutención.
La reacción del alcalde de Mataró
Bote se enteró por la prensa y contactó con Del Vado. Declaró: «Estoy muy molesto. Así no se hacen las cosas». Ha calificado la decisión de «temeraria» e «insolidaria» y estudia acciones legales, incluida una posible denuncia ante la Fiscalía, por el uso de fondos públicos y la falta de coordinación, especialmente al involucrar a dos menores. Advierte además del riesgo de un efecto llamada si otros municipios optan por resolver conflictos de esta manera.
La normativa que ninguno de los dos partidos cuestiona de fondo
Ni el alcalde socialista ni la alcaldesa popular han exigido a sus formaciones una reforma que permita a la policía desalojar de inmediato a cualquier okupa o inquiokupa en cuanto una familia denuncie la okupación de su propiedad. La legislación vigente, mantenida y no reformada en profundidad por PP y PSOE a lo largo de los años, obliga a propietarios y vecinos a soportar largos procesos judiciales o a recurrir a soluciones improvisadas como la que aquí se ha aplicado. El caso de Baños de Montemayor y Mataró ilustra cómo el sistema actual traslada el problema en lugar de resolverlo en origen, con el consiguiente coste para las arcas públicas y la convivencia.
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